El Gobierno de Canarias ha logrado un significativo aumento en la partida destinada a la gratuidad del transporte público, alcanzando los 120 millones de euros, lo que representa un incremento de 39 millones respecto a los 81 millones previamente asignados por el Estado. Esta noticia fue anunciada por la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, durante una reunión con la Mesa del Transporte Terrestre de Canarias.
A pesar de este avance, Fernández expresó su preocupación por el modelo de financiación plurianual propuesto por el Gobierno central. Según ella, esta fórmula podría complicar la planificación financiera tanto para los cabildos como para los operadores del transporte público en las islas.
Reacciones y preocupaciones sobre la nueva fórmula
Los miembros de la Mesa del Transporte han acordado redactar una carta conjunta en oposición a esta nueva forma de transferencia de fondos, que consideran que añade más tensión a las administraciones y a los operadores. En palabras de Fernández, aunque el aumento es positivo, el método establecido sigue siendo insuficiente para cubrir adecuadamente las necesidades reales del transporte público en Canarias.
La directora general subrayó que el nuevo esquema de gasto plurianual podría intensificar las tensiones financieras existentes. Los pagos se realizarán en dos transferencias: una de 78 millones de euros este año y otra de 42 millones en 2026, lo que dificultará aún más la gestión operativa del sistema.
Carta al Ministerio y modificaciones legislativas
En respuesta a estas inquietudes, María Fernández anunció que el Gobierno canario trabajará junto a los cabildos para enviar una carta al Ministerio con el fin de mejorar la gestión de esta medida y fomentar el uso del transporte público en las islas.
Durante la misma reunión, también se abordaron las alegaciones del sector sobre la modificación de la Ley 13/2007, que regula el transporte terrestre de viajeros. La directora general destacó que se presentarán conclusiones preliminares basadas en un informe jurídico elaborado para adaptar mejor esta legislación a las necesidades actuales del sector.
Fernández enfatizó que muchas propuestas pueden implementarse mediante modificaciones reglamentarias más simples, evitando así reformas legislativas complejas que podrían retrasar su aplicación.
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