La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha anunciado el inicio de movilizaciones en todo el país. La primera de estas protestas se llevará a cabo el próximo 19 de marzo frente al Ministerio de Hacienda en Madrid, a las 12:00 horas. El presidente de CSIF, Miguel Borra, atenderá a los medios antes del comienzo de la concentración.
El objetivo principal de estas movilizaciones es exigir al Gobierno que reactive la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. Entre las demandas se incluye la subida salarial pendiente desde el año pasado y un nuevo acuerdo retributivo. Las acciones se extenderán a lo largo de las próximas semanas frente a Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en toda España.
Demandas urgentes
CSIF denuncia que los empleados públicos han sido abandonados por un Gobierno que, debido a su debilidad parlamentaria, no ha podido presentar unos Presupuestos que permitan llevar a cabo reformas necesarias en áreas clave como Sanidad, Educación y Administración General del Estado. A pesar de reconocer la labor esencial que realizan estos trabajadores al servicio de la ciudadanía, el Ejecutivo parece relegar sus reivindicaciones históricas a un segundo plano.
Entre las principales exigencias del sindicato se encuentran:
- Negociación de un nuevo acuerdo salarial, ya que el actual concluyó el 31 de diciembre. Los empleados públicos han sufrido una pérdida del 9% desde 2022 y más del 20% desde los recortes implementados en 2010.
- Recuperación de la estructura salarial anterior a los recortes, incluyendo el cobro íntegro de la paga extra.
- Nueva oferta de empleo público para 2025 sin tasa de reposición.
- Balance del plan de estabilización para personal interino, con un límite del 8% sobre el total.
- Jornada laboral de 35 horas y desarrollo profesional en todas las administraciones.
- Equiparación salarial entre distintas administraciones públicas.
- Mejora en las condiciones de jubilación, permitiendo jubilación parcial para funcionarios y estatutarios.
Crisis en las Administraciones Públicas
Aparte de las reivindicaciones salariales, CSIF expresa su preocupación por la incapacidad del Gobierno para presentar unos Presupuestos adecuados. Esta situación afecta directamente a la implementación de reformas necesarias que podrían aliviar la presión sobre administraciones cada vez más tensionadas.
Se estima que el 60% del personal en la Administración General del Estado se jubilará en los próximos diez años, lo cual pone en riesgo la sostenibilidad administrativa. Además, conflictos laborales persisten en sectores como Seguridad Social y Agencia Tributaria, contribuyendo a una atmósfera tensa dentro del ámbito público.
A nivel sanitario, muchas plantillas están envejecidas y son insuficientes para cubrir necesidades básicas, lo que provoca saturación en centros médicos durante períodos críticos. En educación, la falta constante de docentes crea déficits anuales que afectan gravemente al sistema educativo. CSIF exige acelerar negociaciones para implementar mejoras significativas este año.