Cuestión de confianza

La diplomacia es el arte de mantener relaciones y negociaciones con personas utilizando el tacto y el respeto mutuo. No se entiende que en nombre de estos principios se destituya a un embajador por echar una cabezada y se reprenda a otro por escribir un artículo ensalzando al Jefe del Estado. He leído un artículo que relaciona al trumpismo con la Junta de Andalucía, con motivo del cese de una interventora general de la Consejería de Hacienda. Dice así: “Los nuevos técnicos saben a que se exponen si sus informes ponen en un aprieto a quienes les han nombrado”. En este caso no habla de dormirse en el discurso del señorito, pero también podría incluirse.

Yo veo los discursos por televisión y nadie puede comprobar si me aburren o no, pero les garantizo que algunos de los que observo me resultan un bodrio insoportable. Todo esto forma parte del concepto de posesión que tiene el que promueve el nombramiento. La frase “quién lo nombra” tiene un alcance de imposición autoritaria y además de sometimiento a la obediencia ciega. El problema es cuando esa pertenencia se amplía a una condición militante y se aplauden o reprueban actitudes en función del arrumbamiento ideológico. Ayer escuchaba a un representante de la asociación de fiscales progresistas y me parecía oír el eco de un argumentario político, comprobando la carencia absoluta de independencia en algunos de los que integran la administración de la justicia. La correa de transmisión implícita en la afirmación “de quién depende” es suficiente para entender que existe una exigencia disciplinaria en el comportamiento de algunos funcionarios. Por eso a unos se les protege por encima de todo y a otros se les pone de patitas en la calle por echarse un sueño.

El desempeño de la función pública no puede ser una cuestión de confianza ni el funcionariado puede perder su carácter reglamentado sometido a un ordenamiento casi militar. Estaríamos entonces ante una administración cargada de interinidad, dispuesta a ser sustituida cuando manden los otros, y no es así. Las garantías de un estado democrático se basan en un mínimo principio de autonomía. ¿Quién iba a vigilar los abusos que provienen del uso improcedente del poder? Aquí se está construyendo un bloque monolítico que amplía las lealtades inquebrantables internas de los partidos al conjunto del Estado, como si fueran la misma cosa. Este es el principio del resquebrajamiento de un sistema democrático. Todo lo que estamos presenciando son signos inequívocos de ese deterioro.