La absorción de funcionarios por el sistema público de salud acarrearía consecuencias devastadoras en algunas comunidades autónomas que, a día de hoy, a duras penas pueden dar servicio a todos los ciudadanos.
La mala gestión y la falta total de previsión, sumadas al proyecto encabezado por la ministra de Sanidad para hacer desaparecer la mutua, nos han llevado al punto en el que nos encontramos ahora: un abandono de pacientes, algunos de ellos en tratamiento, llevándonos a todos a una dramática situación de incertidumbre.
Pedimos también responsabilidad a las aseguradoras, tanto a las que vienen participando en el concierto como al resto. Recordamos que la atención sanitaria de los mutualistas nunca ha sido gratis e incluso ha ayudado a mejorar la imagen de compañías del sector. Hay que recordar que no nos han atendido gratis durante los años en los que necesitaban a los funcionarios para crecer y mejorar la imagen de sus compañías, para que ahora nos despachen de esta manera.
Aunque algunas voces tratan de restar importancia al desembarco en la sanidad pública de un millón y medio de nuevos pacientes, es evidente que causaría un fuerte impacto, sobre todo en comunidades autónomas que ya están viviendo un colapso y que indudablemente no podrían soportar esta nueva situación.
Conviene recordar que MUFACE, al igual que cualquier otra mutua, se soporta gracias a sus mutualistas, que, además, contribuyen con sus impuestos al soporte del sistema público estatal. Lejos de ser un regalo o un privilegio, supone una descarga de pacientes para el sistema público sanitario y un ahorro para las arcas del Estado, al margen de los discursos y objetivos de la agenda política de la ministra Mónica García.
La movilización del próximo día 22 de enero, a las 14:00 horas, en Madrid, es una demostración de la unidad de los funcionarios civiles frente a lo que, sin ninguna duda, puede acarrear una crisis sin precedentes en la sanidad de todos los españoles.
Frente a la impericia de los políticos y la falta de ética de las aseguradoras, la unión de todos los funcionarios exigiendo a Gobierno y aseguradoras responsabilidad, compromiso y un esfuerzo a las partes para la resolución del problema.
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