La proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados para restringir el ejercicio de la acusación popular ha despertado una oleada de críticas por parte de juristas, asociaciones judiciales y partidos de la oposición. Esta iniciativa legislativa persigue prohibir que partidos políticos y entidades vinculadas a ellos ejerzan la acción popular en procesos penales, argumentando la necesidad de prevenir la instrumentalización política de la justicia. Además, pretende prohibir la admisión a trámite de querellas basadas en informaciones periodísticas, lo cual es una aberración y un ataque directo contra la libertad de prensa.
Esta propuesta ha sido calificada por algunos sectores como una maniobra para proteger al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de investigaciones judiciales en curso. Concretamente las dos en las que están imputadas su propia esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, con graves sospechas de corrupción y tráfico de influencias; pero también en el caso Koldo-Ábalos y en el caso que afecta al fiscal general del Estado, citado en calidad de imputado por el Tribunal Supremo, algo de extrema gravedad.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más representativa en la carrera judicial, ha solicitado la intervención de la Unión Europea, calificando la reforma como un ataque a la independencia judicial y una amenaza a la lucha contra la corrupción.
La acusación popular ha sido históricamente una herramienta esencial para la participación ciudadana en la administración de justicia, permitiendo la persecución de delitos en casos donde el Ministerio Fiscal no actúa
La acusación popular ha sido históricamente una herramienta esencial para la participación ciudadana en la administración de justicia, permitiendo la persecución de delitos en casos donde el Ministerio Fiscal no actúa. Limitar su ejercicio puede debilitar los mecanismos de control democrático y la transparencia en la gestión pública, que es lo que parece pretender la formación política que la impulsa.
Además, la propuesta del PSOE introduce la posibilidad de apartar a jueces que hayan realizado declaraciones de contenido político, lo que podría interpretarse como una restricción a la libertad de expresión de los magistrados y una forma de coartar la crítica legítima dentro del ámbito judicial.
Es preocupante que esta iniciativa se presente en un contexto donde el propio PSOE ha ejercido –y todavía ejerce, sin ningún reparo– la acusación popular en diversos casos, como ‘La vida islados’ en un juzgado de Ibiza y también en el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso–. Esto plantea dudas sobre la coherencia y las verdaderas motivaciones detrás de la propuesta socialista.
En una democracia consolidada, es fundamental garantizar la separación de poderes y evitar cualquier intento de instrumentalizar las instituciones en beneficio propio. La reforma de figuras jurídicas tan relevantes como la acusación popular debe abordarse con un amplio consenso y con el objetivo claro de fortalecer el Estado de derecho, no de debilitarlo.
Lamentablemente, no es la primera vez que el PSOE presenta iniciativas legislativas no pensando en el bien común, sino en su beneficio particular y partidista. Sucedió con los indultos a los líderes del ‘Procés’, con la rebaja de los delitos de sedición y malversación y finalmente con la Ley de Amnistía. Ahora se pretende hacer lo mismo para librarse de las molestas acusaciones populares, que los socialistas ejercen sin ningún reparo cuando les interesa dañar a sus rivales políticos.
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