Irregularidades en 106 contratos durante la pandemia

Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, ha respaldado el informe relacionado con los contratos sanitarios durante la pandemia, el cual fue aprobado en noviembre pasado después de haber sido rechazado hace dos años en el pleno de la misma institución.

Los grupos Socialista y NC-BC han criticado a Pacheco, señalando que el prestigio de la institución se ve "tocado" por un informe que posee "intencionalidad política", a pesar de que el Tribunal de Cuentas ha archivado provisionalmente la posible responsabilidad política.

El análisis de un total de 106 contratos, que representa el 62% del importe global y abarca el periodo de marzo a diciembre de 2020, revela que los contratos de material sanitario ascienden a 81,9 millones. Más del 61% de esta cantidad se distribuye entre cuatro empresas: ACJ (17,9 millones), Damco (14 millones), Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (9,7 millones) e Injoo Technology (8,9 millones).

En la relación de contratos también figura RR7 United, la compañía que ha dado origen al 'caso mascarillas' debido al desembolso de cuatro millones de euros en dos pagos, correspondientes a un millón de mascarillas que fueron destruidas por ser fraudulentas. Según la Audiencia de Cuentas, existen indicios de responsabilidad contable en este caso.

La Audiencia también indica que en once de los expedientes revisados, donde el presupuesto de adjudicación excede los dos millones de euros —sumando un total de 41,8 millones de euros— no se ha solicitado autorización al Consejo de Gobierno, como establece el artículo 25 de la Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma. Además, se ha verificado que en 35 de los 106 casos analizados no hay constancia ni de la justificación del gasto a realizar ni de la justificación del procedimiento de emergencia.

Más de 6,5 millones de unidades se encuentran en un estado inservible

La institución expresa su pesar por la falta de promoción de la concurrencia, así como por la incapacidad de seis de las empresas contratadas para operar con el SCS. Además, se lamenta que 6,5 millones de unidades de material inservible, valoradas en aproximadamente 2,1 millones, quedaran bloqueadas, aunque finalmente se logró utilizar el 78%.

El Gobierno canario también es criticado por no haber verificado la capacidad de los adjudicatarios y por no haber exigido la necesaria solvencia económica, financiera y técnica para las adjudicaciones realizadas. "Dado que a pesar de que se trata de contratos de emergencia, la normativa vigente no exime a la administración de cumplir tales requisitos", se señala.

Con el objetivo de facilitar y acelerar la contratación de emergencia en contratos de obras, suministros o servicios que superen los dos millones de euros, la Audiencia sugiere la creación de un mecanismo alternativo y ágil, en caso de que se repitan situaciones excepcionales como las experimentadas.

La oposición ha recibido el comentario de Pacheco, quien afirmó que "hay que leerse todo y leerlo bien". Además, expresó su incomprensión sobre la necesidad de "poner por los suelos" a la institución, dado que los auditores son seleccionados por los propios grupos parlamentarios.

Se ha afirmado que es "mentira" que el proceso de responsabilidad contable del Tribunal de Cuentas se haya cerrado, ya que actualmente está archivado de manera provisional. Además, se ha indicado que el informe es "de control" y que "al que no le guste no lo adopta".

Se debe mejorar la transparencia en los contratos para el futuro, ya que "ha habido fallos importantes de información". Sin embargo, comprende esta situación, dado que la pandemia "cogió a todo el mundo en bolas".

CONDENAN LA DIVULGACIÓN DEL INFORME

El descontento de Pacheco con "esta fiesta" de los dos últimos años se ha hecho evidente desde que el proyecto de informe fue filtrado a los medios. Además, ha puesto en duda a la oposición, señalando que solo mencionan lo que les "interesa". "Son igual de válidos los consejeros de ahora que los de antes", ha comentado.

Se ha mencionado que decidieron conservar la "misma estructura" que en el informe anterior, incluyendo algunos elementos adicionales. Además, se ha señalado que "sigue sin recuperarse el dinero" que la comunidad autónoma exige a RR7 por el millón de mascarillas que fueron pagadas pero no entregadas.

La regulación de un modelo para manejar "anomalías" en la adquisición de material ha sido propuesta por Raúl Acosta (AHI), mientras que Melodie Mendoza (ASG) ha destacado los "grandes esfuerzos" realizados por el Gobierno canario para "preservar" la salud de los ciudadanos.

Se ha destacado que se actuó "con la mayor rapidez posible", lo que llevó a decisiones que fueron "no debidamente justificadas", aunque no se consideraron "ilegales". Además, se ha reconocido "el sacrificio de todos" en la lucha contra la pandemia.

Javier Nieto, representante de Vox, ha señalado que el informe de la Audiencia de Cuentas proporciona "luces" sobre la gestión sanitaria durante la pandemia. Además, considera que "es un error" evaluar dicha gestión sin considerar el contexto del momento, "una situación muy difícil".

Sin embargo, ha señalado que "no era motivo para saltarse el estado de derecho", lo cual requiere una "ventilación política" y la necesidad de "no tener miedo" a expresar las cosas que "se han hecho mal".

El anterior Gobierno de Canarias ha sido criticado por no solicitar la autorización del Consejo de Gobierno en contratos que superan los dos millones de euros, así como por no exigir solvencia técnica a ciertas empresas que firmaron acuerdos con el SCS, en particular a RR7 United y Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

Esther González (NC-BC) ha criticado a Pacheco al señalar que este informe "es el peor gestionado" en la historia de la Audiencia. No comprende cómo se vuelve a aprobar, "sin cambiarle una coma", dos años después, especialmente considerando que el Tribunal de Cuentas ya archivó la responsabilidad contable.

El prestigio de la Audiencia, según ha señalado, "queda bastante tocado", y ha rechazado la idea de que esta institución esté fiscalizando los contratos de RR7 mientras el 'caso mascarillas' se encuentra en proceso judicial. Se ha cuestionado: "¿Por qué este despropósito?".

Según González, el informe está "tendencioso y plagado de juicios de valor".

El trabajo de la Audiencia, según Fernando Enseñat del Grupo Popular, es "serio y riguroso". Además, afirmó que el informe fue "tratado de ocultar" por el 'Pacto de las Flores', al ser rechazado en el Pleno de la Audiencia, lo que impidió que se discutiera la creación de la comisión de investigación.

Se ha destacado que "fue el primero" en revelar el 'caso mascarillas' este informe, y también se advierte que en el comité de emergencia sanitaria "se daban órdenes" para realizar ciertas contrataciones, algunas de las cuales carecían de garantías y solvencia económica.

José Miguel Barragán, el portavoz del Grupo Nacionalista, ha hecho una ironía respecto a las críticas de NC-BC, señalando que "no pueden resolver a polvillo fino lo que les dice el Tribunal de Cuentas" en relación a su propia financiación.

El prestigio de la Audiencia, según Manuel Hernández (PSOE), "queda en entredicho" debido a que el informe carece del respaldo de la mayoría y presenta un voto particular de dos auditores, siendo uno de ellos un funcionario de la institución.

"Se presenta un informe que presenta serias deficiencias y carece de contexto, omitiendo hechos importantes ocurridos en los últimos meses. Esto, como mencionamos, pone en peligro tanto la reputación como la imparcialidad de la institución", ha comentado.

Se ha expresado su pesar por la decisión de convertir en informe definitivo un proyecto de informe de la legislatura anterior, a pesar de que los auditores han cambiado. "¿Por qué ese empecinamiento en mantener el proyecto de informe cuando ha habido hechos posteriores relevantes?", se ha cuestionado.

Considera que existe una "intencionalidad política" detrás de la elaboración de este informe, el cual presenta "flagrantes" olvidos, como el archivo de la investigación del Tribunal de Cuentas y el contexto sanitario de la época.