La burocracia retrasa derechos de personas con discapacidad

La Diputada del Común, Lola Padrón, recuerda en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que igual que en otras regiones, “las personas con discapacidad se enfrentan desafíos en los que las organizaciones locales, las instituciones públicas y la sociedad en general debemos trabajar para facilitarles el acceso a la educación, empleo, servicios de salud, transporte y espacios públicos adaptados, entre otros derechos fundamentales, hay que actuar con urgencia y no podemos esperar a estudios ni diagnósticos, hay que poner una solución ya”.

Aunque se han realizado avances en la promoción de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad en el Archipiélago, todavía existen áreas donde se necesita mejorar. “Tenemos que acelerar el proceso burocrático, desde la Administración Pública no podemos permitir que se tarden cuatro años en reconocer una discapacidad, tenemos que facilitar la accesibilidad universal, tenemos que ser muy sensibles y mostrar respeto por los derechos de las personas con este tipo de necesidades especiales en Canarias”, señala. Las quejas que se reciben desde la Diputación del Común por estos retrasos suelen centrarse en la burocracia excesiva, la falta de personal especializado, la demora en la valoración de las solicitudes y la falta de transparencia en el proceso.

El área de trabajo de la Diputación del Común que más quejas tramita, es el área de discapacidad, con un número de quejas que va en aumento año tras año. (125 en 2019, 144 en 2020, 208 en 2021, 274 en 2022, 310 en 2023, 563 quejas a 3/12/2024). El motivo principal de queja en este es la demora en la resolución del grado y revisión del grado de discapacidad, “que supone la puerta de entrada para ejercitar otros derechos y beneficios inherentes”. Otros motivos, aunque con menos representación numérica, se refieren a la accesibilidad y las dificultades que imponen a las personas con

discapacidad las barreras físicas, sensoriales y cognitivas; la necesidad de plazas residenciales y de atención a las personas con discapacidad.

Con respecto a la tramitación de estas quejas, se evidencia una demora en la resolución de los procedimientos de reconocimiento y revisión del grado de discapacidad en aumento, que en muchos casos es de 4 o 5 años. Un procedimiento que debe quedar resuelto en 6 meses de conformidad con el Real Decreto 888/2022, de 18 octubre.

Esto inciden en otros tantos derechos, como la concesión de la tarjeta de estacionamiento para el transporte de personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, y que supone por ejemplo, que una persona con 95 años, con problemas graves de movilidad no pueda obtenerla hasta que se resuelva su reconocimiento de discapacidad. O el supuesto de los menores de edad escolarizados, que precisan del reconocimiento para el acceso a una serie de terapias y adaptaciones sin las cuales no podrá desarrollarse adecuadamente. “Para todas estas personas los plazos de demora suponen un sufrimiento añadido a su situación de discapacidad y una pérdida de oportunidades difícilmente reparable”.

Resulta evidente que los Equipos de Valoración y Orientación (EVO), encargados de realizar la valoración y calificación del grado de discapacidad, soportan un volumen de demanda ciudadana muy superior al que pueden gestionar con el número actual de personal destinado a estas tareas, esto provoca unas listas de espera de años, que van más allá de lo aceptable. “Por dicha razón se ha iniciado una investigación de oficio, a fin de dimensionar adecuadamente el personal con que cuentan los EVOs y la Dirección General de Discapacidad, así como la demanda real y listas de espera que existen en dicho servicio, remisión de información que hasta la fecha no ha sido atendida por la Dirección General de Discapacidad”, indica la Diputada del Común.

Algunas de las propuestas que pueden contribuir a mejorar la satisfacción de los usuarios y reducir la sensación de incertidumbre y el estado de los plazos, indica Padrón, “sería dotar de mayor recursos humanos, pero habría que revisar y simplificar los procedimientos administrativos, promover la coordinación entre los diferentes servicios implicados e informar claramente a los solicitantes sobre el estado de sus solicitudes” .

Datos del OBECAN

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de personas con discapacidad, con 115 por cada mil habitantes, se estima que alrededor del 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad, lo que equivale a unas 212,000 personas. De estas, aproximadamente el 56% son mujeres y el 44% hombres.

Desde el Diputación del Común y tras reuniones con varias organizaciones del tercer sector, “se ha constatado que es preciso tener subvenciones estables para que puedan matener el desempeño de sus funciones”. Lola Padrón incide en la necesidad de fomentar el modelo mixto que ya existe, pero, “abogo por preservar un marco de estabilidad y financiación sólido por derecho con las ONG que forman parte del sistema de garantías sociales de la Comunidad, sin una financiación estable y duradera.no se

pueden consolidar servicios y proyectos fundamentales que nos ayuden a paliar desigualdades y prevenir vulnerabilidades”.

En cuanto al nivel de estudios, se estima que alrededor del 40% de las personas con discapacidad en Canarias tienen formación académica básica, mientras que un porcentaje significativo no ha completado la educación secundaria. En términos de empleo, las personas con discapacidad siguen enfrentando dificultades para acceder al mercado laboral. Aproximadamente el 30% de las personas con discapacidad en están desempleadas en Canarias una tasa superior a la de la población general. “Estos datos que son horrorosos reflejan la importancia de seguir trabajando en la promoción de la inclusión, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en las islas”.

Según el Obecan el mayor porcentaje según el tipo de discapacidad lo ocupan personas con discapacidad física, un 27%, le siguen de cerca personas con dificultad sensorial (auditiva y visual), cerca del 16%; discapacidad intelectual alrededor del 14%; discapacidad mental cerca del 7% y otras discapacidades alcanzan un 36%.