La visita de los Reyes de España, acompañados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, a la localidad de Paiporta (Valencia), considerada la zona cero de la catástrofe causada por la última DANA, desencadenó reacciones intensas de indignación y descontento entre la ciudadanía.
Los incidentes de protesta, con lanzamientos de barro y gritos de rechazo hacia las autoridades, fueron una muestra espontánea del malestar colectivo ante una respuesta institucional que la práctica totalidad de la población percibe como insuficiente y tardía.
En una situación así, donde la normalidad está lejos de la realidad que se vive en aquel y otros muchos municipios de l’Horta Sud, la zona más afectada por la riada del pasado martes, una visita institucional no debió tener lugar. No al menos hasta que las tareas de rescate de víctimas hayan concluido y las calles estén libres de coches y escombros.
Los paiportinos llevan días clamando por la llegada de efectivos con comida, agua, herramientas y maquinaria pesada para hacer frente a una absoluta emergencia que ha dejado el pueblo devastado. Los damnificados, que aún están sacando fango de sus casas, sin apenas ayuda, no han podido evitar una reacción descontrolada hacia las autoridades que querían comprobar personalmente el nivel de desolación que presenta Paiporta. Una visita imprudente ante quienes todavía sienten la enorme angustia por la pérdida de sus hogares, bienes y medios de vida.
La indignación de los ciudadanos no surge de un vacío: llevaban días trasladando a los periodistas y en las redes sociales su desolación e indignación por una insuficiente respuesta de las instituciones competentes. La ayuda llegó tarde y con cuentagotas, de forma poco efectiva.
El Gobierno de España y la Generalitat Valenciana deben tomar nota de la indignación ciudadana
En ese contexto, la gestión de la emergencia y la movilización de los recursos públicos no puede quedar en anuncios y declaraciones desde kilómetros de distancia, alejadas de la realidad dramática por la que atraviesan las víctimas; es fundamental una movilización inmediata y eficaz de todo tipo de ayuda, algo que la ciudadanía no percibe que esté sucediendo.
En este punto, la movilización de recursos no es solo un deber de todas las administraciones, sino una obligación moral hacia los ciudadanos que confían en las instituciones para ser socorridos y apoyados en momentos tan críticos.
El Gobierno de España y la Generalitat Valenciana deben tomar nota de la indignación ciudadana por su inacción y debe actuar con la urgencia y eficiencia que la situación exige. Es hora de pasar de las palabras a los hechos, de las fotos a los actos concretos. Una respuesta adecuada y rápida que haga desaparecer el sentimiento de abandono y desamparo que se ha adueñado de la ciudadanía de Valencia, ante una calamidad nunca vista antes.
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