La Consejería de Bienestar Social enfrenta duras críticas por la mala gestión que ha provocado el cierre de varias Escuelas Infantiles en la provincia de Las Palmas debido a la falta de personal, lo que ha afectado a muchas familias y niños. Desde el inicio del curso escolar, estas escuelas han soportado una situación crítica debido a la carencia de personal en todas las categorías. A ello se suma la ineficaz gestión tanto de la Secretaría General Técnica como de la propia Consejera, quienes han obstaculizado la resolución adecuada de este problema.
Las familias afectadas han manifestado su frustración y preocupación por la falta de soluciones efectivas, ya que las listas de reserva de las diferentes categorías siguen sin publicarse a pesar de haberse completado el proceso. "Es inaceptable que nuestros hijos sean los más perjudicados por la incompetencia de la Consejería. Exigimos una respuesta inmediata y eficaz", declaró una madre afectada, subrayando la urgencia de una solución que ponga fin a esta situación.
La Consejería de Bienestar Social ha intentado mitigar la situación con medidas temporales, pero estas han resultado insuficientes para asegurar el correcto funcionamiento de las escuelas. La falta de actualización de las listas de reserva para las sustituciones de personal, mientras se espera la publicación de las listas definitivas, junto con la lentitud en los procesos de contratación mediante oferta genérica de empleo, han agravado aún más el problema, impidiendo una solución eficaz.
Desde esta Sección Sindical se insta a las autoridades competentes a tomar medidas urgentes para resolver esta crisis y asegurar que las Escuelas Infantiles puedan reabrir y operar con normalidad. Lo más importante es que se respeten los derechos de los menores en este contexto de cierre de escuelas por parte de la Consejería. Según la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, todos los niños tienen derecho a una educación de calidad. El cierre de escuelas vulnera directamente este derecho, por lo que el Gobierno Autónomo debe adoptar medidas para garantizar que los menores continúen aprendiendo, incluso en situaciones de emergencia.
Por todo ello, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, bajo la dirección de su Consejera Doña Candelaria Delgado y la actual Directora General Doña Sandra Rodríguez, está vulnerando los derechos de nuestros niños, entre ellos el Derecho a la protección. La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor establece que los poderes públicos deben garantizar la protección de los menores en situaciones de desprotección social, asegurando su bienestar y desarrollo integral. Además, se está incumpliendo el Derecho a la igualdad de oportunidades, ya que todos los niños deben tener las mismas oportunidades de acceso a una educación de calidad, independientemente de su situación socioeconómica.
Desde Intersindical Canaria, instamos a las autoridades competentes a tomar medidas urgentes para resolver esta crisis y garantizar que las Escuelas Infantiles puedan reabrir y funcionar con normalidad, respetando los derechos de los menores.
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