El plan anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue aprobado el pasado lunes en el Consejo de Ministros, incluye algunas medidas que, a priori, podrían considerarse positivas. Una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto que incluiría una ley de Administración Abierta, es un paso en el camino correcto. Sin embargo, el Gobierno de coalición PSOE-Sumar no acredita un especial respeto por la transparencia, sino más bien al contrario.
En lo relativo a las medios de comunicación, se pretende limitar la financiación pública a los medios a través de la publicidad institucional. También se plantea intervenir “a favor de los verdaderos medios de comunicación para garantizar un sistema de medios que sea plural”. El ecosistema de medios en España, con cabeceras publicas y privadas, ya es suficientemente heterogéneo; y la definición de los que son “verdaderos”, parece una herramienta para atacar a los que no pasen el cribado gubernamental. ¿Quién definirá lo que son pseudomedios de los que son verdaderos medios de comunicación? ¿El Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Un “organismo independiente” designado por el líder socialista? Parece un chiste de mal gusto.
Quién definirá lo que son pseudomedios de los que son verdaderos medios de comunicación? ¿El Gobierno de Pedro Sánchez?
La creación de un registro de medios de comunicación, dependiente de la CNMC, donde consten los propietarios y accionistas, así como la inversión publicitaria pública que reciben, podría ser un paso adecuado en mejorar la transparencia, pero la inquietud en este campo por parte del Ejecutivo únicamente ha surgido cuando las informaciones periodísticas han afectado al entorno directo del presidente del Gobierno, singularmente a su esposa Begoña y a su hermano. Esto hace dudar de las verdaderas intenciones del plan presentado. Y habrá que estar muy vigilantes a la definición de “medio de comunicación”, de forma que no se incluya a blogs, canales de Telegram ni perfiles en redes sociales.
También se plantea la actualización de la Ley de Publicidad Institucional, aprobada hace 20 años, pero no se indica en qué sentido ni para qué se impulsa tal modificación legislativa que, en todo caso y dado que el Gobierno está en minoría en el Congreso, deberá negociarse con los distintos grupos parlamentarios.
La intención de “reformar la ley para que no se puedan falsear las audiencias incurriendo en prácticas que alteran las visitas reales”, en palabras del propio ministro de Cultura, amagan una intención loable en una intención netamente intervencionista. Pero lo que resulta directamente rechazable es reformar la Ley para introducir medidas de “discriminación positiva” para aquellos medios de comunicación íntegramente en lenguas cooficiales. En el caso de Baleares, los medios en catalán ya están sobrefinanciados con respecto al resto por la vía de la lengua, lo que es discriminatorio.
Igualmente, se dice querer proteger la independencia editorial y los derechos de los profesionales que trabajan en los medios, pero no se indica de qué forma. Y no parece creíble, cuando lo que vemos cotidianamente son ataques a dicha independencia y también a los periodistas, cuando hacen preguntas que los portavoces políticos consideran contrarias a sus intereses. Recientemente se ha visto un ejemplo de esto por parte del portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, en la sala de prensa del Parlament, acosando a un redactor que preguntó sobre el ‘caso Puertos’, un presunto caso de corrupción política.
En cuanto a la intención que se proclama de establecer mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para evitar la concentración de medios, tampoco se aclara la naturaleza de dichos mecanismos, lo que hace dudar del auténtico fin que se persigue.
También se pretende asegurar los derechos de los medios y consumidores frente a grandes plataformas digitales, lo cual podría ser beneficioso.
El Gobierno anuncia ayudas de 100 millones de euros para la digitalización de los medios con el fin de crear bases de datos, desarrollar herramientas de productividad y calidad informativa, así como reforzar la ciberseguridad. Esta cuantiosa inyección de fondos públicos puede ayudar a que muchos medios acepten mejor los planes intervencionistas del Ejecutivo.
El reforzamiento del derecho al honor y el derecho a la rectificación ante informaciones periodísticas surge de una motivación no honesta, pues esta necesidad no está reflejada en el programa electoral del Gobierno, como tantas otras medidas adoptadas, y únicamente aparece cuando las informaciones sobre irregularidades y supuesto tráfico de influencias en el entorno personal del presidente del Gobierno y de su partido muestran a un Ejecutivo acosado por la corrupción política.
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