En plena recta final de la campaña electoral de las elecciones europeas, que se celebrarán el próximo domingo, la citación judicial en calidad de investigada de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un delito de tráfico de influencias, ha generado un intenso debate en la esfera pública y política de España.
Gómez está siendo investigada por un juzgado de Instrucción de Madrid por presuntamente utilizar su posición para influir en decisiones públicas, lo que podría acarrearle una condena de hasta seis años de cárcel.
La imputación de Gómez ha desatado una oleada de reacciones, no solo en la opinión pública sino también en el seno del Gobierno. La situación es particularmente delicada para el presidente Sánchez, quien ha decidido dirigir nuevamente una carta a la ciudadanía en la que expresa su desacuerdo con el proceder del juez instructor.
En su misiva, Sánchez acusa veladamente al magistrado que investiga a su mujer de actuar de manera sesgada y politizada, al vulnerar una “regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral”. “Es evidente que esta práctica no se ha respetado”, afirma el presidente, y pide a los ciudadanos que saquen “sus propias conclusiones”.
La carta de Sánchez supone el enésimo ejercicio de desprecio a la Justicia por parte del líder del PSOE, con ataques a la independencia judicial que, al provenir del presidente del Gobierno, son aún más inadmisibles. Primero atacó a los denunciantes, Manos Limpias, y ahora ataca al juez instructor por citar a su mujer. Y por encima de todo, culpa a la “coalición reaccionaria” de PP y Vox de “usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme”.
El victimismo de Sánchez contrasta con la total ausencia de explicación de los lucrativos negocios de Begoña Gómez, pues desde el primer día se ha centrado en descalificar a la oposición en lugar de aclarar qué hay de cierto en las sospechas que ahora, además de gran parte de la ciudadanía, incluso ve un juez de instrucción de Madrid.
Hay que confiar en que el proceso judicial avance de manera justa y transparente, y sin interferencias políticas como las que protagoniza de manera inaudita el Ministerio Fiscal, contribuyendo al descrédito de la institución. Pero la respuesta del presidente Sánchez añade una capa de complejidad a un caso que ya de por sí es altamente sensible.
Las acusaciones de corrupción deben ser combatidas con explicaciones, transparencia y sin ocultaciones, todo lo contario de lo que hacen el PSOE y Pedro Sánchez.
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