Nos han hecho creer que el Estado es el garante de la propiedad privada (así lo recoge nuestra Constitución) pero la deriva de los últimos años ha ido en sentido contrario. De hecho, es un fenómeno que trasciende fronteras y con el denominador común de la Agenda 2030 y el “no poseerás nada y serás feliz” el Estado se ha convertido en el mayor enemigo de la propiedad privada.
Pareciera que nuestros gobernantes quisieran apropiarse de todo lo que no es suyo, cual amigos de lo ajeno. Hasta nuestros hijos, se atrevieron a decir no hace mucho, pertenecían al Estado. Flipante.
Existen continuas intromisiones de la res pública en la propiedad privada que, no por habituales, no deben dejar de hacernos reflexionar.
Algunas normas amenazan la propiedad privada y nuestra libertad de acción o disposición sobre lo que es nuestro. Por ejemplo, de un inmueble, nos dicen cuál debe ser su uso, cuál debe ser su altura, la superficie máxima que debe ocupar, a quién se la podemos arrendar y hasta el color con el que debemos pintarlo.
A veces pienso que lo de la propiedad privada en puridad no existe. Hay cierta libertad de disposición sobre ella (con las salvedades anteriores) pero hagamos lo que hagamos, o incluso si no hacemos nada, se genera un hecho imponible que nos obliga a pagar impuestos por ella. Es como si tuviéramos una concesión vitalicia de la Administración sobre nuestros bienes y tuviéramos que pagar por ello. El impuesto variará según lo que hagamos pero siempre estará ahí la mordida de la Administración: Si la alquilamos, pagamos. Si la vendemos, pagamos. Si la compramos, pagamos. Si la heredamos, pagamos. Si la regalamos, pagamos. Si no hacemos nada, también pagamos. Además del Impuesto sobre Bienes Inmuebles pero además, existe la curiosa ficción impositiva en el Impuesto sobre la Renta llamada “imputación de rentas” mediante la cual Hacienda considera que has obtenido una renta aunque no haya pisado ni un inquilino. Flipante.
Sí solo fuera eso nos podríamos dar con un canto en los dientes pero la Administración tiene la potestad y si lo considera, puede confiscar nuestros bienes mediante la figura jurídica de la expropiación. Con la excusa del bien general (¿quién define eso?) puede arrebatar un bien a un individuo a cambio de una contraprestación. Y, aunque existe el derecho al pataleo, si un juez le da la razón al ente público, no queda más opción que dejar ir lo que era tuyo al precio que decida la Administración. Y le ponen el nombre de justiprecio ¿qué precio puede ser justo cuando de base no quiero vender?
Otra figura jurídica que me parece espantosa es la del embargo en cuenta corriente del banco. Es tan habitual que nos parece normal, pero si lo pensamos, el hecho de que papá Estado considere que hemos actuado mal obligue a nuestra entidad financiera de confianza a detraer el dinero que tenemos ahorrado y que ha sido ganado con esfuerzo y, por cierto, ha tributado por el camino, es una intromisión extrema y un atentado contra la línea de flotación de la propiedad privada.
Otro ejemplo del nivel de agresión sobre la propiedad privada lo recoge el Sistema Nacional de Protección Civil que indica que el gobierno puede requisar bienes de manera temporal y obligar a prestaciones personales en casos de emergencia.
El día 24 de mayo se votará el Tratado de Pandemias y, si se aprueba, estaremos en manos de la decisión de un señor que, ni siquiera es médico, que podrá declarar la emergencia sanitaria a nivel mundial en cualquier momento. El efecto en la propiedad privada y en las prestaciones personales que pueden obligarnos a hacer es inmediato. Poca gente es consciente del enorme retroceso en las libertades fundamentales que esa aprobación puede suponer. De hecho, poca gente ni siquiera sabe de la existencia de esa votación. La tele no nos lo cuenta.
El último abuso de la Administración ha tenido lugar estos días con la Ley turística canaria que obliga a los propietarios a abandonarlas y ceder a un operador turístico sus viviendas para ofrecer como alquiler a turistas. Ya se han puesto las primeras multas a razón de tres mil euros.
Años de esfuerzo y ahorro para tener una segunda residencia (o primera) que pretenden que otros disfruten en el esperado y merecido periodo de vacaciones. Espero que lo tumben pronto.
No debería sorprendernos la actitud confiscatoria del Estado porque llevan años haciéndolo. Existe un impuesto silencioso que no ha sido aprobado por ningún parlamento ni ley ¿Saben cuál es? La emisión de moneda. Mediante la inyección de más dinero en la economía, deterioran nuestro poder adquisitivo y nos empobrecen de manera silenciosa y nunca deflactan el impuesto para amortiguar su efecto.
Mediante la inflación existe más moneda en la economía para comprar los mismos bienes y servicios. El efecto es la subida de precios. Con el fruto de nuestro trabajo (nuestro salario) cada vez puede comprar menos. En otras palabras, necesitamos trabajar más horas para poder comprar lo mismo.
Esta medida nos empobrece y nos somete. Y nadie sale a la calle para denunciar la emisión indiscriminada de moneda porque no se entiende.
Ya lo dijo Keynes: “Mediante el proceso continuo de inflación. los gobiernos pueden confiscar secretamente una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos y solo uno entre un millón se dará cuenta de ello”.
Pretendo que usted sea ese uno entre un millón. No existe la educación financiera en la calle para entenderlo. Ni siquiera en las universidades. Yo lo aprendí en la edad adulta a pesar de tener dos carreras y un MBA en una escuela de negocios de gran prestigio a nivel europeo ¿no les parece sospechoso?
Defiendan su propiedad privada. Es fruto de su esfuerzo o el de sus antepasados. Es lo que les quedará a sus hijos que lo tienen francamente difícil para poder, no ya incrementar su número, sino mantener las que algún día les transmitan.
Si (
No(
