El pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves, con 178 votos a favor y 172 votos en contra, el proyecto de ley de orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunña. La mayoría del Congreso que invistió presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, ha logrado finalmente acordar un texto que ha sido reiteradamente modificado según las necesidades que iban surgiendo para garantizar al líder de Junts per Catalunya, el prófugo Carles Puigdemont, un blindaje legal tan robusto como fuera posible, que es tanto como decir una impunidad tan grande como se pueda.
El texto que inicialmente fue presentado como proposición de ley del Grupo Socialista, y no como proyecto de ley, a fin de evitar los informes preceptivos del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal, para evitar posibles dictámenes desfavorables por inconstitucionalidad, como apuntan multitud de expertos, será ahora remitido al Senado, donde estará un máximo de dos meses, hasta que vuelva al Congreso para su aprobación definitiva.
Para muchos ciudadanos, esta ley de amnistía es una grave afrenta a la Constitución de 1978, que prohíbe los indultos generales, lo que conlleva algo de mayor alcance como es una amnistía, competencia que no está recogida expresamente en la Carta Magna, y por algo será. Además, se trata de una intromisión brutal del Poder Legislativo en el Poder Judicial. Además, está concebida como una concesión política a Junts per Catalunya a cambio de su apoyo para investir presidente del Gobierno al líder del PSOE, Pedro Sánchez, lo que constituye un peligroso precedente que socava el Estado de Derecho.
La cuestionable legitimidad de esta ley se evidencia al ser utilizada como moneda de cambio para obtener el apoyo parlamentario de un partido político, lo que supone que la Justicia y la aplicación de la Ley se convierte en objeto de transacción política que, además, se negocia –en el extranjero, para más inri–, con aquellos políticos que directamente y personalmente van a ser beneficiados de dicha amnistía.
Para muchos ciudadanos, resulta inaceptable que la amnistía que se piensa otorgar una vez la ley sea aprobada definitivamente, implique la impunidad de líderes políticos responsables de acciones contrarias a la Ley y claramente delictivas, como Carles Puigdemont. Es imperativo que se respeten los procedimientos legales establecidos y que cualquier medida extraordinaria se ajuste a los principios constitucionales. La aprobación de esta ley constituye un claro abuso de poder y un menoscabo a la integridad del sistema judicial.
Por último, por más que desde el PSOE y Sumar se insiste en que la amnistía va a permitir recobrar la concordia en Catalunña, las declaraciones de los líderes de ERC y JuntsxCAT indican todo lo contrario. Los independentistas insisten en que no renuncian al unilateralismo y exigen el reconocimiento del derecho de autodeterminación, con la convocatoria de un referéndum. Y ahí radica el gran malestar que embarga a muchos ciudadanos, pues las sospechas de que el PSOE acabará haciendo concesiones en este sentido a los independentistas, son más que reales.
Antes de las elecciones, los socialistas aseguraron que no habría amnistía porque era inconstitucional y ya vemos lo que ha sucedido. Muchos temen, con razón, que lo mismo sucederá con el referéndum de independencia. Y es por eso que el PSOE no deja de caer en intención de voto en las encuestas. La amnistía puede acabar saliéndole muy cara a los socialistas.
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