Tras las elecciones generales del 23 de julio, donde se constató que ningún bloque, ni la derecha ni la izquierda, alcanzó la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, el expresidente de la Generalitad de Catalunña, prófugo de la Justicia en Bélgica, se erigió como el poseedor de la llave para que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pueda revalidar su cargo de presidente del Gobierno de España.
Los siete diputados de JuntsxCAT, el partido que lidera Puigdemont desde Waterloo, son claves para que Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno en una sesión de investidura a la que la presidenta del Congreso, de forma inexplicable, aún no ha puesto fecha, después de que los líderes de la izquierda, incluyendo al propio Pedro Sánchez, calificasen el debate de investidura del ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, como una pérdida de tiempo.
Carles Puigdemont puso claramente sus condiciones sobre la mesa: amnistía y autodeterminación. Descarta una abstención, por más que la diputada de Coalición Canaria pudiera votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez; y hay informaciones que apuntan a que Puigdemont habría vetado a Salvador Illa, líder del PSC, como interlocutor, del mismo modo que vetaron a Merichel Batet como aspirante a presidir el Congreso, lo que abrió la posibilidad de serlo a Francina Armengol.
Dado que se da por hecho que se negocia la amnistía a los líderes del Procés, por más que las dudas sobre el encaje constitucional de una medida de esta naturaleza sea dudosa, es lógico que muchos ciudadanos, –y no sólo votantes de derechas, como han puesto de manifiesto destacados líderes y exresponsables del PSOE–, hayan salido a las calles de Barcelona este pasado domingo, para manifestar su oposición a una eventual ley de amnistía, exigida por los independentistas, sin renunciar a la vía unilateral y sin mostrar el menor arrepentimiento por sus actuaciones de 2017, con la organización de un referéndum ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia.
El PSOE, antes de las elecciones generales, jamás mostró ninguna intención de avanzar hacia la amnistía. Incluso muchos ministros y el propio presidente Sánchez la calificaron de imposible por inconstitucional. Ahora ya no es imposible, sino que es muy necesaria. Pero este viraje es de imposible aceptación para muchos ciudadanos, en Catalunña y en el resto de España.
De ahí el éxito de la convocatoria de Societat Civil Catalana del pasado domingo en Barcelona.
Descalificar a los asistentes a la protesta contra la amnistía, como se ha hecho desde el PSOE y desde el independentismo, es improcedente y antidemocrático. La amnistía, ni es constitucional, ni es justa. Nunca lo fue y no lo será ahora, por más que a Pedro Sánchez le convenga porque necesita el voto de los diputados de JuntsxCAT.
Si (
No(
