El deterioro continuo que viene padeciendo el sistema sanitario público desde hace décadas, sobre todo desde los recortes presupuestarios impuestos por la política de austeridad instalada durante la crisis financiera que empezó en 2007-2008, ha estallado como consecuencia del tremendo test de estrés a que ha sido sometido por la pandemia de covid 19, que hecho que revienten todas las costuras de una estructura que ya pendía de un hilo.
La covid 19 ha puesto de manifiesto todas las carencias de la sanidad pública y solo se ha podido capear el temporal gracias a la dedicación y al sacrificio de los profesionales sanitarios, pero ha tenido la consecuencia de quemarlos, literalmente, por lo que, ante la ausencia de soluciones por parte de las administraciones y la sobrecarga de trabajo consecuencia de toda la asistencia demorada durante el periodo duro de la pandemia, se ha llegado a una situación límite. La situación es especialmente dramática en la atención primaria, donde la carga de trabajo ha desbordado toda la capacidad de organización de los centros de salud y de trabajo de los profesionales, lo que no significa que en los hospitales la tesitura no sea también lamentable.
Ante este estado de cosas los trabajadores sanitarios están protestando en masa, con huelgas en marcha o anunciadas en numerosas comunidades autónomas, cuya reivindicación fundamental no es la salarial, aunque la remuneración en España es muy inferior a la de otros países de la UE, sino la de las condiciones de trabajo y disponibilidad de medios y servicios. Hay huelgas en Madrid, Andalucía y Catalunya, convocadas en Navarra y Extremadura y anuncios en Cantabria, Galicia y la Comunidad Valenciana, así como una desconvocada de momento en Aragón por haberse llegado a un acuerdo con el gobierno autonómico para invertir una considerable cantidad en atención primaria.
Es indudable que existe un grave problema dinerario, que procede de no haber adecuado el presupuesto, que hace treinta y cinco o cuarenta años era bastante adecuado a las necesidades del momento, a las progresivas demandas impuestas por el crecimiento poblacional y los cambios demográficos, a los avances tecnológicos diagnósticos y terapéuticos y al surgimiento de patologías nuevas o emergentes. Los recortes a partir de 2008 tensionaron el sistema hasta el límite y la pandemia le ha dado la puntilla.
Pero también existe un problema sistémico de obsolescencia del modelo. Parece claro que la organización de la asistencia sanitaria pública debe repensarse y avanzar hacia la instauración de un nuevo paradigma que responda mejor a la idiosincrasia y las necesidades de la sociedad actual y del próximo futuro.
Ahora bien, mientras se repiensa y se cambia el modelo, que no será rápido, hay que dar solución a los problemas actuales, que no pueden esperar y esa solución solo puede pasar por un incremento substancioso y permanente de los recursos económicos, que se traduzca en un aumento de recursos humanos, tecnológicos y patrimoniales del Sistema Nacional de Salud.
Todo lo que no sea un aumento significativo del porcentaje del PIB destinado al sistema sanitario no supondrá más que parches temporales, que no tardarán en desprenderse y volver a dejar al descubierto las heridas por las supura.
Estamos en una situación límite y nuestros políticos no deberían olvidar que una sanidad pública universal, gratuita y de calidad es uno de los pilares básicos, junto a la educación, las pensiones y la asistencia a la dependencia, del estado del bienestar.
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