Fernández había sido acusada de participar en una trama para defraudar al Estado a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como presidenta (2007-2015) y la del expresidente y su marido difunto, Néstor Kirchner (2003-2007).
Asimismo, ha sido absuelta del delito de asociación para delinquir, por lo que la sentencia no ha sido tan amplia como esperaba los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que habían pedido para ella doce años de cárcel.
Fernández ha reaccionado acto seguido a la sentencia denunciando ser víctima de un "Estado paralelo" y de "una mafia judicial" y ha remarcado que cuando era presidente de Argentina no tenía ni "manejo de las leyes que son aprobadas" en el Legislativo ni "tampoco administra el presupuesto".
"Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores", se ha defendido.
"El presidente de la república tampoco administra ni ejecuta el presupuesto", ha enfatizado Fernández, quien ha insistido en una campaña en su contra. "Esta condena estaba ya escrita", ha denunciado.
En su extensa respuesta, Fernández ha señalado que "la condena real no es la prisión", sino "la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos" y ha anunciado que no se presentará a las elecciones de 2023. "Condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo", ha dicho.
"Este es el poder económico y mediático que controla en una suerte de estado paralelo y que coarta permanentemente", ha denunciado Fernández, quien también ha puesto el foco sobre el periodismo y aquellos medios de comunicación "cómplices" con los "expedientes y condenas" que no tienen cabida en la Constitución.
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