Tres líneas de actuación

Tres líneas de actuación son las que hay que llevar a cabo para implementar una política con perspectiva de familia y estas son:

En primer lugar, afrontar la pobreza familiar. La igualdad es un derecho fundamental dentro de la UE y sus Estados Miembros. Sin embargo, profundas desventajas de ciertos grupos de la sociedad, junto con arraigadas actitudes y creencias de otros, llevan a concluir que la legislación por sí sola no es capaz de garantizar una sociedad que ofrezca igualdad de oportunidades para todos y esté libre de cualquier discriminación.

Si bien la pobreza extrema afecta a ciertos grupos de la UE, como la etnia gitana, la forma más generalizada de pobreza en ese entorno tiende ser relativa, tanto en términos monetarios como no monetarios. La exclusión social se refiere a no poder disfrutar del nivel de participación que la mayoría de la sociedad da por supuesto. Se trata de un concepto complejo, multidimensional, poliédrico y dinámico que el proceso de inclusión social de la UE define como un itinerario mediante el cual ciertos individuos de la sociedad son empujados al borde de la misma y no pueden a su vez participar plenamente a causa de su pobreza, de la falta de competencias u oportunidades de aprendizaje permanente y de la discriminación que sufren.

En segundo lugar hay que ir asegurando la conciliación laboral. La sensación de una excesiva carga de trabajo, ya sea por obligaciones profesionales o familiares, conduce a una reducción sustancial del nivel de satisfacción. De acuerdo con la Segunda encuesta sobre la calidad de vida en Europa, las mujeres que trabajan fuera del hogar y sufren conflictos para conciliarlo con su vida familiar tienden a estar menos satisfechas con su vida que aquellas mujeres que trabajan solo en el hogar. Sin embargo, es el desempleo lo que produce el impacto más negativo en esa satisfacción: incluso quienes reconocen un nivel alto de conflicto están más satisfechos que quienes están desempleados.

En general, los europeos están más insatisfechos con la cantidad de tiempo que pasan con su familia que con la cantidad de tiempo dedicado al trabajo, porque la vida familiar está más adaptada a los requisitos laborales que las condiciones de trabajo a la vida familiar. Hay diferencias sustanciales entre los distintos países por lo que se refiere a la falta de satisfacción en las relaciones familia-trabajo. En los países nórdicos, así como en el Benelux y Francia, la imposibilidad de lograr una conciliación laboral y familiar satisfactoria se debe a la falta de tiempo. En los países de Europa central y oriental, la conciliación laboral está ante todo negativamente afectada por el cansancio causado por las pobres condiciones de trabajo de los horarios interminables. La conciliación laboral y familiar parece ser más fácil en los países anglosajones y lo germano parlantes, lo que puede ser debido a una menor proporción de las parejas de doble ingreso y de madres solteras que trabajan en estos países.

Y por último hay que ir consolidando la solidaridad intergeneracional. La estructura de la población europea está cambiando y sufriendo un progresivo envejecimiento. El aumento constante de la esperanza de vida en toda Europa durante el siglo pasado dio lugar a una mayor longevidad, mientras que en décadas más recientes, desde 1970 en adelante, Europa ha experimentado una caída en la fecundidad.

Estas dos tendencias han impactado de forma considerable en un mayor desarrollo del envejecimiento, un proceso consolidado en Europa desde hace 30 ó 40 años y a los que muchos pronostican una todavía mayor consolidación en los próximos 50 años, ya que el número absoluto y la relativa importancia de la población en edad avanzada siguen creciendo. Estos cambios demográficos conducirán a unos retos significativos para las familias y los individuos. Por ejemplo, podríamos llegar al punto de que sea común que haya gente que se quiera retirar mientras aún vive al menos uno o los dos padres. Muchos de los retos que surgen del envejecimiento de la población son universales y suponen una cierta presión en los presupuestos públicos y los sistemas fiscales, tensiones en los sistemas de pensiones y seguridad social, ajustes en la economía y, en particular, de los puestos de trabajo a esa fuerza laboral envejecida; escasez de mano de obra; aumento de la demanda de profesionales de salud cualificados, de servicios de salud y de atención institucionalizada a largo plazo; y posible conflicto entre generaciones sobre la distribución de los recursos.