El Gobierno da luz verde al proyecto de Ley para la igualdad de las personas trans

Como novedad más significativa, la normativa, que también pretende erigirse en un instrumento efectivo para garantizar los derechos de las personas LGTBI, prescinde de la exigencia de un informe médico a la hora de que un ciudadano pueda efectuar el cambio de su nombre ante el Registro Civil.

Para el Gobierno, la aprobación de este proyecto de Ley resta el sesgo “patológico” con el que hasta el momento se contemplaban las decisiones sobre cambios en la identidad de sesgo, y, además, simplifica extraordinariamente la tramitación que han de llevar a cabo las personas proponentes.

De esta manera, el usuario ya no deberá presentar ningún tipo de informe médico que avale su determinación, sino que, simplemente, tendrá que registrar un documento donde manifestará no sentirse cómodo o conforme con el genero asignado, y expresará su deseo de acceder a una modificación registral tanto de su género como de su nombre.

Posteriormente, la Administración informará al interesado de las consecuencias legales y jurídicas de su decisión y, acto seguido, en un plazo que no podrá exceder los tres meses, el solicitante ha de reiterar su solicitud y su pretensión de que el proceso siga adelante. De esta manera, al cabo de un mes, la Administración dictará una resolución definitiva sobre el caso.

Todos los pormenores del proyecto de Ley han sido explicados este lunes, tras el Consejo de Ministros, por la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, quien ha recordado que la normativa contempla también importantes pasos adelante en el reconocimiento de los derechos LGTBI.

Así, a partir de su entrada en vigor, las mujeres, ya sean lesbianas, bisexuales o sin pareja, podrán tener acceso nuevamente a las técnicas reproductivas, el cual también estará abierto, en un futuro, a las personas trans con capacidad de gestar, si bien este último grupo de población deberá esperar a que el Gobierno redacte, en un plazo aproximado de medio año, la Orden correspondiente.

La nueva legislación incide también en la prohibición taxativa de cualquier tipo de terapia orientada a la modificación de la orientación o identidad sexual o afectiva.