Pedro Sánchez ha estado dilatando la toma de decisiones para frenar la escalada de los precios de la energía, electricidad, gas y combustibles, a la cumbre extraordinaria de la Unión Europea, donde esperaba conseguir convencer a los socios comunitarios de adoptar alguna de las soluciones que proponía, juntamente con otros países del sur de la UE como Italia, Grecia y Portugal. Mientras tanto, no ha tomado ninguna medida ante la subida continuada sin precedentes de los precios de la energía, lo que ha provocado un crecimiento rampante del malestar de los ciudadanos y de la conflictividad social, sobre todo en el ámbito del transporte de mercancías y pasajeros, sector especialmente golpeado por el coste de los carburantes, cuya huelga, o cierre patronal, ha provocado ciertos problemas de desabastecimiento y, sobre todo, de subida de precios de algunos alimentos y productos básicos, debido a la percepción del peligro de una posible falta de suministros, que no de una escasez real, que de momento no se ha producido.
Así pues, nuestro presidente de gobierno ha esperado casi tres semanas para tomar decisiones, a diferencia de otros países vecinos que sí lo han hecho, fiándolo todo a la carta de la negociación con el resto de la UE, cuando todo indicaba que le sería muy difícil conseguir sus objetivos, en vista de las declaraciones que llegaban desde los países del centro y norte de Europa, sobre todo desde Alemania y los Países Bajos.
Al final ha conseguido una mínima concesión para España y Portugal, que consiste en poder poner un tope al precio del gas para abaratar el de la electricidad, que se ha de concretar en la proposición de los dos países ibéricos de las medidas concretas a tomar, que deberán ser aprobadas por la comisión europea y tendrán, en todo caso, carácter temporal.
Dado que este magro y condicionado acuerdo puede parchear temporalmente el precio de la electricidad y el del gas, pero no el de los combustibles, el presidente ha anunciado una rebaja de veinte céntimos por litro de todos los carburantes para todos los ciudadanos, así como alguna medidas adicionales de subvenciones o créditos para empresas, autónomos y otros colectivos, así como incrementar el bono social para los más desfavorecidos. Todas estas medidas no necesitan de la aprobación de la UE y, por tanto, no hacía falta esperar a la cumbre del viernes pasado y, por ende, se toman tarde, muy tarde, no era necesario esperar para tomarlas.
Además, veinte céntimos por litro pueden verse superados en muy poco tiempo al ritmo actual de subida del precio del petróleo, con lo que nos podemos encontrar igual que ahora en pocos días. Y de esos veinte céntimos, quince van a cuenta del estado, es decir, salen de nuestros impuestos y nos perjudican a todos, y solo cinco a cuenta de las empresas petroleras.
Así pues, el gobierno sigue tratando con guante de seda a las empresas energéticas, que mantendrán sus desaforados beneficios, sin que se les aplique ningún impuesto especial sobre los mismos y solo de modo temporal verán algo reducidos sus ingresos por el gas. El precio de la electricidad no puede moderarse de modo permanente mientras no se acabe con el escándalo de que su cálculo se basa en el del método más caro de los que entran en el mix de producción. Aunque solo un 1 % de la electricidad producida en un determinado momento sea a partir de centrales de gas, que es el método más caro, la totalidad se ha de pagar a ese precio. Es una indecencia, una desvergüenza, con razón se llama a este desatino “beneficios caídos del cielo” (para las empresas, claro). El precio debería fijarse de acuerdo con la suma de los precios de cada componente del mix, no del más caro.
Pero todos sabemos que las energéticas, sus consejos de administración, son uno de los retiros dorados para los altos cargos políticos cuando cesan en su actividad de primera línea, las famosas puertas giratorias. Existen diversos destinos para los políticos amortizados, una auténtica obscenidad de nuestro sistema. Está el Senado, determinados organismos del estado, como el Tribunal de Cuentas, si pertenecen a la magistratura El Consejo General del Poder Judicial, o la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o el Constitucional, el Parlamento Europeo, alguna embajada, puestos en organismos internacionales que correspondan por reparto a España y algunas otras sinecuras, pero la joya de la corona son los consejos de administración de las empresas energéticas y de las armamentísticas, así que no importa el color político del gobierno, esas empresas reciben siempre un trato absolutamente favorable a sus intereses, aunque sea a costa del padecimiento de los ciudadanos. No es exclusivo de España, también pasa en los países de nuestro entorno, no hay que olvidar que el infame cálculo del precio de la electricidad es una imposición de la UE.
Ahora bien, con independencia de la actuación más o menos incompetente y más o menos indecente de nuestros gobernantes, lo cierto es que los tiempos de la energía y de los combustibles baratos o, al menos, asequibles, se han terminado. Hemos de concienciarnos todos de que la energía cara y escasa no es el futuro inmediato sino que ya es el presente y que debemos empezar ya a cambiar nuestros hábitos de vida y pasar del auténtico despilfarro en el hemos estado viviendo, a una austeridad y comedimiento conscientes en el consumo de productos energéticos.
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