En el plazo de siete días, Sánchez ha afrontado una huelga de transportistas que sigue activa; la resistencia de parte de los países de la UE a permitir acciones inminentes que rebajen el precio de la luz; y una avalancha de críticas por su cambio de posición sobre el Sáhara Occidental que ha unido desde a sus socios de Unidas Podemos hasta al Partido Popular.
“Tras la tempestad, vendrá la calma", aseguran desde Moncloa, en el convencimiento de que el paso del tiempo permitirá comprobar que las decisiones del Gobierno tienen un efecto claro en favor de los intereses generales del país.
Es lo que afirman que ocurrirá por ejemplo con el giro en la relación con Marruecos ya que consideran que la situación era "insostenible" y la vía abierta permitirá reabrir fronteras y un mayor control de los flujos migratorios.
La decisión no ha sido comprendida aún por gran parte de los grupos del Congreso e incluso por sectores socialistas que esperan que se desvele una razón que permita entender el porqué de modificar una posición histórica sobre el Sáhara.
Pero desde el Gobierno se afirma que no hay ningún motivo oculto, que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya ha expuesto los argumentos y que el propio Sánchez los reiterará en su comparecencia del próximo miércoles ante el pleno del Congreso.
Si se mantienen las posiciones expresadas, y nada hace pensar hasta ahora que vayan a variar, el presidente del Gobierno se encontrará con un rechazo unánime a esa nueva política ya sea por el fondo o por la forma.
Ni Unidas Podemos (incluida su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz) ni ninguno de sus socios de investidura avala esa decisión. Y el nuevo PP que llega de la mano de Alberto Núñez Feijóo ha vertido duras acusaciones contra Sánchez por no consensuar un asunto que forma parte de una política de Estado como son las relaciones exteriores, y ha dejado entrever que con el relevo en el liderazgo del partido tampoco va a ser fácil llegar a acuerdos.
La comparecencia de Sánchez ante el Congreso no será específica sobre Marruecos, sino que servirá para que explique también las cumbres de la OTAN y de la UE de esta semana en Bruselas, el acuerdo europeo en materia de energía que permitirá a España y Portugal adoptar medidas propias para frenar el precio de la luz, y el plan nacional que aprobará la víspera el Consejo de Ministros. A ese plan se remite el Gobierno como respuesta a las aspiraciones de los sectores más afectados por las consecuencias de la guerra en Ucrania.
Entre ellos los transportistas, una parte de los cuales sigue echando un pulso al Gobierno porque mantiene la huelga pese al acuerdo entre el Ministerio de Transportes y el Comité Nacional de Transporte por Carretera.
"No estuvimos finos", se admite desde el Gobierno ante sus valoraciones iniciales que ligaban a los huelguistas con la ultraderecha y ante el rechazo a reunirse con los convocantes.
Pero las fuentes del Ejecutivo afirman que se están "volcando" en todos los frentes para intentar dar respuesta a este y otros sectores como el pesquero o el agrícola y eso se plasmará de forma clara en el plan que aprobará el Consejo de Ministros el martes, que están convencidos de que calmará el malestar social.
A Sánchez tampoco le fue fácil convencer el viernes al resto de líderes europeos para lograr lo que se ha denominado "excepción ibérica" para que España y Portugal puedan actuar con medidas propias para intentar rebajar el precio de la luz.
Diez días antes inició una gira europea llevando en su cartera propuestas más ambiciosas y comunes para todos los socios, pero ante la imposibilidad de que se materializaran de forma inminente, apostó por esa solución específica para la Península Ibérica atendiendo a su peculiaridad de "isla energética".
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