Los actuales acontecimientos en Kazajistán, con protestas masivas en las calles de Alma Ata (también conocida como Almatí), la capital económica del país, que han sido reprimidas salvajemente con fuego real por parte de las fuerzas de orden público, siguiendo instrucciones del presidente Tokáiev, y la subsiguiente llegada de fuerzas militares rusas, solicitada por el propio presidente kazajo para proteger las infraestructuras esenciales del país, constituyen un ejemplo paradigmático del descontento creciente de los ciudadanos de las repúblicas exsoviéticas centroasiáticas con los sistemas políticos autoritarios y corruptos heredados de la URSS, así como también de cómo el presidente ruso, Vladímir Putin, sigue considerando la doctrina de la 'soberanía limitada' como perfectamente válida para controlar lo que considera el área de influencia exclusiva de Rusia.
La doctrina de la soberanía limitada fue instituida por la Unión Soviética durante el mandato de Leonid Brézhnev para justificar la invasión de Checoslovaquia por tropas del Pacto de Varsovia, a fin de liquidar la conocida como Primavera de Praga, una evolución del socialismo de tipo soviético hacia formas más respetuosas con los derechos individuales y una cierta apertura a elementos democráticos de participación política, promovida por el dirigente checoslovaco Alexander Dubcek.
En realidad, ni Brézhnev ni el poder soviético utilizaron ni reonocieron nunca el término, sino que siempre esgrimieron la tesis del 'deber internacionalista' para evitar cualquier posible evolución de un país socialista a una vuelta al capitalismo, pero el resultado práctico era que la Unión Soviética se irrogaba el derecho a intervenir en los países europeos bajo su control, los miembros del Pacto de Varsovia, si consideraba las políticas de sus gobiernos peligrosamente desviacionistas de la línea ortodoxa marcada, por supuesto, por el propio Kremlin y el partido comunista de la URSS.
Tras la reunificación de Alemania y la caída de la Unión Soviética, la práctica totalidad de los países del extinto Pacto de Varsovia abandonaron el socialismo estalinista, adoptaron sistemas políticos de democracia parlamentaria representativa y solicitaron la entrada en la OTAN y en la Unión Europea, siendo todos ellos, hoy en día, miembros de ambas organizaciones.
La URSS se escindió en quince países independientes, con la Federación Rusa como heredera de sus derechos internacionales, como el de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto. En los tiempos inmediatamente posteriores al desmembramiento se creó una fantasmal Confederación de Estados Independientes (CEI), de corta vida y de la que se desmarcaron desde el principio los tres estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que también solicitaron, y obtuvieron, su adhesión a la OTAN y a la UE.
Quizás, el único resultado tangible de la efímera CEI fue la creación de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que, bajo la preeminencia de Rusia, sigue existiendo hoy en día y cuya finalidad es la cooperación en materia de seguridad y defensa mutua. Al OTSC han pertenecido muchas de las antiguas repúblicas soviéticas, aunque, hoy en día, solo están Rusia y cinco más, Armenia y Belarús en Europa, y Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán en Asia Central.
La petición de la intervención de las tropas rusas por el presidente kazajo se ha hecho invocando el tratado y con la excusa habitual de que los disturbios eran un intento de desestabilización y golpe de estado gestado con la colaboración de elementos extranjeros terroristas, sin especificar, por supuesto, cuáles puedan ser esos pretendidos elementos extranjeros. En cualquier caso, Putin ha dejado bien claro su concepción de soberanía limitada, afirmando que no consentirá ninguna injerencia extranjera en las repúblicas exsoviéticas miembros de la OTSC.
Pero Putin hace tiempo que aplica su política 'sui generis' de soberanía limitada sobre el antiguo espacio soviético, y lo hace a través de la desestabilización, la intimidación y la intervención militar llegado el caso. Es lo que hizo en Georgia cuando el país caucásico quiso entrar en la OTAN y someter a las zonas rebeldes de Abjasia y Osetia del Sur. Rusia intervino militarmente y el resultado ha sido la independencia unilateral de Georgia, autoproclamada por ambas regiones.
En Moldavia mantiene un destacamento militar en la zona rebelde de Transnistria, que actúa de modo absolutamente autónomo pero que no ha proclamado la independencia, aunque amenaza con hacerlo si Moldavia se unifica con Rumanía, lo que supondría su entrada en la UE y la OTAN, la auténtica obsesión de Putin.
Pero el país más castigado es, sin duda, Ucrania. Rusia ya le ha arrebatado la península de Crimea, que ha integrado en la federación rusa, un auténtico 'anschluss', y ha alentado y proporcionado ayuda militar y económica a los rebeldes prorrusos del Donbás en el este del país, así como acumulado grandes cantidades de soldados y material militar en la frontera, lo que supone una amenaza creíble de invasión, e impone como condición innegociable para la distensión, no solo que Ucrania renuncie a su idea de integrarse en la OTAN y la UE, sino también que ambas organizaciones se comprometan a no aceptar la candidatura ucrania caso de producirse. Amén de inaceptables, tales condiciones suponen, quizás, el ejemplo más extremo de soberanía limitada antes de la intervención militar.
Veremos cómo evolucionan las conversaciones en curso entre Rusia y Estados Unidos y la UE respecto del tema ucraniano, pero lo que está claro es que Putin considera el espacio postsoviético su área de influencia exclusiva y está decidido a aplicar a rajatabla el principio de soberanía limitada, ahora no ya para corregir desviaciones del socialismo, sino para defender los intereses estratégicos y económicos de Rusia, no necesariamente los de los países 'protegidos'.
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