Negarse a cumplir una sentencia del Tribunal Supremo (TS), por estar en desacuerdo con el resultado, en una sociedad democrática, por parte de un gobierno regional, no es muy habitual.
La norma que crea y regula el TS es la misma sobre la se soporta el estado de las autonomías y los propios gobiernos autonómicos. La misma norma que da condición de autoridad al gobierno autonómico. La misma norma que intentan violentar en aquellos aspectos que no les favorece y en los ámbitos que no están alineados con su ideario y sus objetivos.
Chantajear al Gobierno, boicoteando los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con el objetivo de imponer intereses partidistas de corte independentista no es ético, ni estético ni usual.
Los mismos que desacatan al TS y chantajean al gobierno son socios de los socios del gobierno y los que le dan soporte.
Los mismos que imprimen, comparten o toleran actitudes claramente supremacistas y ejercen su superioridad frente a los demás por razones culturales.
Ni los unos ni los otros son de fiar. Les unen el poder y sus intereses particulares y poco les importa el interés general. Debemos convenir que esta situación no es nueva, ni original, pero las sociedades democráticas hace tiempo que superaron esta miseria moral.
Está en boca de todos la decisión de Kennedy, por la cual, hace 60 años envió a la Guardia Nacional a la Universidad de Alabama para garantizar los derechos reconocidos por el Tribunal Supremo a los estudiantes negros. El gobernador Wallace se oponía y una parte de la sociedad acosaba a los negros por su color.
El niño de Canet de Mar tiene 5 años, los mismos que tenía la niña Ruby Bridges cuando sus padres decidieron, en 1960, que acudiera a un colegio de blancos en Luisiana. Una sentencia del TS de los EEUU, había declarado ilegal la segregación racial seis años antes. Tuvo que ir escoltada y estar sola en clase. Se envió a una profesora blanca de Washington ante la negativa de los profesores del del centro a enseñarle. Los segregacionistas no querían que sus hijos estuvieran con un negro.
Aquí, en este país, en pleno siglo XXI, en Catalunya, los independentistas, con su gobierno al frente, pretenden incumplir la sentencia del TS que determina que los alumnos deben recibir al menos un 25% de clases en Español. Una decisión que además de ser la que emana del tribunal, muchos españoles consideran normal.
La diferencia es que el Gobierno republicano de EE. UU. encabezado por Eisenhower y Nixon, se puso firme e hizo cumplir la ley, mientras que el nuestro no ha hecho nada cuando se ha amenazado al niño con medidas de aislamiento o con apedrear su casa.
Hostigar a un niño de forma organizada por lo que aparentan ser hordas urbanas, primarias, furibundas e insensibles en una sociedad moderna, civilizada, con el impulso del gobierno autonómico y el chalaneo de ministros del gobierno de España, no es común.
Ruby Bridges cambió el sentido de la historia. Ha sido premiada por su gesto y recibida en la Casa Blanca por Clinton y Obama. Nosotros estamos a punto de retroceder en derechos sociales y segregar a un niño tras acosarlo. Este gobierno y sus socios no son de fiar y se escapan de la ley cuando no les es favorable. Buen finde.
Si (
No(
