A nadie se le escapa que España ha sufrido el mayor descalabro económico por la COVID19 de todos los países que conforman la unión europea. Las características de su economía poco competitiva y basada, preponderantemente, en el sector servicios la hacen más vulnerable. La disminución del PIB, los indicadores de paro, en especial el paro juvenil y los problemas estructurales de nuestra economía no lo ponen fácil.
La salida de la crisis será larga y costosa. Lo lógico es planificar una recuperación rigurosa y solvente que permite reforzar nuestras empresas y proteger la situación de nuestros ciudadanos. La canalización de las ayudas europeas, en la dirección correcta, es el instrumento, a corto plazo, más potente para intentar revertir la situación. Debe estar coordinado con medidas estructurales para consolidar la recuperación en el futuro.
Por lo que se viene publicando, la respuesta de este ejecutivo mastodóntico, infinito y disperso, son más subvenciones y más funcionarios. Medidas destinadas a la recuperación de la base electoral de los partidos que integran la coalición de gobierno. Un objetivo totalmente distinto a lo que necesitan los ciudadanos.
La tarea de mantener unidas a las formaciones separatistas y radicales que forman el gobierno es hercúlea y económicamente muy costosa. Los apoyos se pagan por adelantado y los flujos económicos directos tienen siempre el mismo sentido. Pagar los apoyos partidistas.
Las líneas maestras de los nuevos presupuestos generales del estado siguen el mismo camino. Montero mostró sobrada capacidad para liderar la economía de la región europea más precaria y con más paro de la Europa de las Regiones durante años.
La solvencia para hacer lo mismo en el ámbito nacional repartiendo el crédito que llega de Europa aumentando la deuda y la precariedad, aderezadas con declaraciones rimbombantes y proyectos huecos están acreditadas.
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