Gobierno y comunidades han llegado a un acuerdo para que el público vuelva a los estadios de fútbol la próxima semana, con el inicio del campeonato de Liga. Se trata de un acuerdo "de mínimos" que no ha estado exento de las críticas por parte de muchos aficionados y que, a todas luces, contiene puntos que serán de muy difícil vigilancia por parte de los clubs.
Según lo acordado, la ocupación máxima en estadios deportivos abiertos será, al menos durante el presente mes de agosto, del 40 por ciento en el caso de los recintos abiertos y del 30 por ciento si se trata de instalaciones cerradas.
Más allá de los aforos reducidos, la norma incluye condiciones de obligado cumplimiento como que los asistentes -preferiblemente abonados, para evitar desplazamientos- no puedan comer ni beber, salvo agua. Tampoco podrán fumar y la entrada y la salida al recinto deberán realizarse escalonadamente. También será obligatorio el uso de mascarilla y guardar en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros. Esta normativa estará en vigor desde el 13 de agosto, fecha de inicio de la Liga de fútbol, hasta el 29 del mismo mes, fecha en que será nuevamente revisado por la Comisión Interterritorial de Sanidad.
En un marco de crisis sanitaria -con una quinta ola que todavía tiene una incidencia demasiado alta- resulta evidente que la vuelta del público a los estadios requería de algún tipo de restricción. La alternativa era seguir con una competición a puerta cerrada. Pero nada oculta que las condiciones impuestas serán de muy difícil seguimiento. Los aficionados así lo han manifestado, desanimados después de que el propio Pedro Sánchez -en la antesala de la concesión de indultos a los condenados del Procés y necesitado de apoyo popular- anunciase la vuelta a los estadios sin concretar más condiciones.
La decepción es grande y la entrada a los campos de fútbol se complica. Los clubs podrán poner todo su empeño, pero que las normas acordadas se cumplan de forma estricta es más que dudoso.
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