NC redobla esfuerzos para que la conquista garantizada del 75% “no se ve afectada” por pactos de precios

Nueva Canarias (NC) ha decidido redoblar esfuerzos para que la “conquista garantizada por ley, para siempre”, de la bonificación del 75% para los residentes, en las conexiones aéreas con el resto de Estado, “no se vea afectada” por pactos de precios entre las empresas operadoras. Los nacionalistas de izquierdas piden el apoyo del Parlamento canario y del Congreso de los Diputados para que el Ministero de Fomento vigile la evolución de las tarifas y para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigue y, en su caso, sancione a las compañías si se confirman prácticas de coordinación comercial en materia de precios. Para “terminar de cumplir con las obligaciones” derivadas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, los nacionalistas progresistas reiteran al Gobierno estatal del PSOE que inicie el procedimiento para la fijación de los precios de referencia en las rutas previamente declaradas como Obligaciones de Servicio Público (OSP)

Nueva Canarias, según el presidente Román Rodríguez, ha registrado hoy en el Legislativo canario y en la Cámara Baja la misma proposición no de ley con la que recabarán el apoyo de los grupos de ambas instituciones con el fin de que el Ejecutivo estatal ponga en marcha tres medidas.

Primero, que el Ministerio de Fomento establezca un “procedimiento de seguimiento” de la evolución de los precios en las rutas entre Canarias y el resto del Estado y que esta información sea transparente y accesible a la ciudadanía.

En segundo lugar, que la CNMC “fiscalice” el proceso de construcción de precios con el fin de garantizar la competencia y velar para que las compañías aéreas “no establezcan pactos de colusión” que incrementen las tarifas y, si ésto sucediera, que se adopten las correspondientes medidas sancionadoras.

En tercer lugar, que el Ejecutivo estatal inicie el procedimiento para establecer las Obligaciones de Servicio Público que permitirán fijar precios máximos de referencia “de obligado” cumplimiento para las compañías.

Después que Fomento se comprometiera, hace tres semanas, con el diputado de NC en el Congreso Pedro Quevedo a hacer un seguimiento de la evolución de los precios, Román Rodríguez anunció hoy que “hemos decidido redoblar esfuerzos para evitar” que, el “derecho del 75% garantizado” por la ley de los PGE de 2018, se convierta un medio para que las compañías capten más rentas con un aumento artificial de los precios.

Este incremento artificial, de producirse, precisó Rodríguez, tendría varios efectos negativos. Para la Administración pública, supondría un mayor coste, tal y como explicó. También, prosiguió, para los canarios que viven en la Península y han tenido que renunciar a la condición de residentes por motivos personales, profesionales o de estudios. En tercer lugar, el líder nacionalista avisó que puede perjudicar al turismo peninsular que viaja a las islas en vuelos regulares, que es minoritario.

Román Rodríguez aseguró que los tres objetivos de las proposiciones no de ley están contemplados en la ley de los PGE de 2018 con la que, desde el pasado mes de julio se puso en marcha “y para siempre” el descuento del 75%, “gracias a nuestros acuerdos” presupuestarios con el Gobierno estatal.

Una conquista cuyo “éxito” se explica porque la demanda ha aumentado un 50% desde su puesta en marcha hace tres meses, según informó recientemente el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el Congreso de los Diputados. Rodríguez recalcó además que el “derecho” del 75% “está protegido” por la ley del Régimen Económico y Fiscal de 1994 así como en la reforma que, en breve, aprobará definitivamente el Senado.

Pero para que esta bonificación “no tenga efectos indeseados”, el presidente de NC dijo que el Ejecutivo estatal debe “cumplir, en todos sus términos,” con la ley del PGE de 2018, es decir, que Fomento controle y transparente la evolución de los precios de los operadores aéreos y que el Gobierno de Pedro Sánchez garantice el “respeto” a las reglas de la competencia y persiga pactos de colusión para subir precios. Una tarea, recalcó, que corresponde al organismo regulador de la CNMC.

Al mismo tiempo, y “para terminar de cumplir con las obligaciones” derivadas de la ley presupuestaria en vigor, Nueva Canarias vuelve a solicitar a la Administración estatal que inicie los procedimientos administrativos para establecer precios máximos de referencia en las rutas de las islas con el resto del Estado previa declaración como OSP. Esta solicitud fue aceptada por Ábalos al reconocer, en la Cámara Baja, que estaba justificada, tal y como refirió el presidente de NC.

Román Rodríguez hizo hincapié que se trata de “trasladar” a las conexiones con el resto del Estado el sistema que funciona “con éxito” en las rutas interinsulares, donde hay competencia, plazas y frecuencias. Un sistema que “también está amparado” por la legislación estatal y de la Unión Europea, aseguró.

El líder nacionalista se refería a la Ley de 1997 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Reglamento 2408/92 del Consejo Europeo. Román Rodríguez hizo hincapié en que, en la actualidad, en la Unión Europea (UE) hay 176 rutas declaradas OSP. Veinte son españolas, de las que 13 corresponden a Canarias, cuatro a Baleares, dos a Extremadura y una a Andalucía.