NC propone que la memoria histórica canaria reconozca a los niños robados

Nueva Canarias (NC) propone que la memoria histórica en Canarias reconozca a los bebés y niños robados como víctimas del golpe militar de 1936 y la posterior dictadura franquista. La presidenta del grupo parlamentario de NC, Esther González, registra 10 enmiendas parciales para mejorar la Proposición de Ley (PPL) de la Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas Canarias de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. La diputada nacionalista destacó además la iniciativa que obliga al Gobierno de Canarias a dotar a esta norma de un ficha financiera anual para cumplir con sus objetivos y un régimen sancionador para las administraciones públicas que se nieguen a retirar la simbología y los títulos de honor de la etapa franquista.

Desde el reconocimiento de que el fundamento de esta proposición de ley es la creación urgente de un banco de ADN para identificar las exhumaciones dada la longevidad de los descendientes directos de los represaliados en las islas, Esther González anunció la inclusión de tres enmiendas destinadas al reconocimiento de los menores como víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista.

En opinión de los nacionalistas de izquierdas, sin ficha financiera se incumplirán los objetivos de esta ley. Motivo por el que se ha incluido otra enmienda, según González, con la que se obliga al Gobierno de Canarias y al resto de las administraciones públicas canarias a incluir, en los presupuestos, partidas suficientemente dotadas para dar cumplimiento a los fines y principios de la memoria histórica en las islas.

Para la presidenta del grupo de NC, las dos propuestas destinadas a fijar un régimen sancionador o coercitivo también son importantes para hacer que esta norma sea efectiva. Por un lado, se promueve que, a las instituciones públicas que se nieguen a retirar la simbología y los honores recibidos durante el franquismo, se les retenga el 2% de los fondos a recibir mientras mantengan su negativa. Además se le insta al Ejecutivo a que desarrolle, a través de los reglamentros y en un plazo de seis meses, un sistema de infracciones y sanciones general para los incumplimientos de la ley.

Nueva Canarias defiende además que se eliminen aquellos contenidos que pueden suponer una vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar de los represaliados, tal y como anunció Esther González.