La presidenta del grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC), Esther González, planteó hoy mejorar el proyecto de ley de cargos públicos para garantizar la incorporación de toda la sociedad, provenga del sector público o privado y con los controles pertinentes, en la gestión eficiente y eficaz de los intereses generales de la comunidad autónoma. González avanzó que los nacionalistas de izquierdas apoyarán en el pleno del Parlamento la tramitación de la propuesta gubernamental.
En la sesión que comienza el próximo martes, Esther González defenderá que Canarias debe contar con una norma que contribuya a que los ciudadanos “confíen” en sus instituciones públicas, a “reforzar” las reglas destinadas a “evitar los conflictos de intereses” y a “incrementar la transparencia”, entre otros argumentos esgrimidos por la portavoz nacionalista en la materia.
Tras defender la necesidad de una regulación “restrictiva pero, sobre todo, de una aplicación contundente de la transparencia para combatir los excesos” de las puertas giratorias, González advirtió de que el proyecto de ley deja la gestión de la Administración pública en manos de trabajadores públicos, ricos y desempleados.
La portavoz nacionalista planteó la necesidad de mejorar el texto gubernamental para “garantizar” que cualquier ciudadano, proceda del sector público o privado, pueda desempeñar responsabiliaddes en la representación y gestión pública con los controles pertinentes.
Esther González observó la existen muchas personas en la sociedad con una “alta cualificación y dilatada experiencia que, con sus capacidades y sus conocimientos, pueden aportar a nuestra sociedad innumerables beneficios”.
Características, según la presidenta del grupo de NC, que contribuirán a “conseguir una administración eficaz y eficiente de los intereses públicos, que son los de todos los canarios”.
Desde NC, prosiguió, se considera que “lo realmente efectivo contra las puertas giratorias u otros comportamientos incompatibles” con la gestión pública es la “existencia de mucha transparencia y fiscalización”.
González opinó que ninguna normativa podrá garantizar, al cien por cien, que algunas personas utilicen la política y la administración publica en beneficio propio, sea un trabajador del sector público o privado. Además hizo hincapié en la existencia de comportamientos que, “sin ser ilegales, no son justificables y que, por lo tanto, exigen que los gobiernos apliquen códigos deontológicos”.
Si (
No(
