A cinco días días de que decaiga el estado de alarma, ciudadanos y empresas no saben cómo quedarán reguladas muchas actividades cotidianas a partir del próximo día 9. El Gobierno central ha reiterado en numerosas ocasiones su intención de no prorrogar el estado de alarma que, entre cosas establece el toque de queda. Moncloa considera que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes para adoptar medidas ante la pandemia.
Con el fin del estado de alarma desaparecen el toque de queda y todas aquellas restricciones que afectan a las libertades fundamentales y que, en consecuencia, debían quedar amparadas por una mayoría parlamentaria. Moncloa ha optado ahora por no recurrir a este mecanismo -que habría obligado a abrir nuevas líneas de negociación con los diferentes grupos- y ha preferido traspasar toda la responsabilidad a los gobiernos autónomos.
Así, mientras el Gobierno de Sánchez se pone de perfil en la gestión de la pandemia, las autonomías deben correr para determinar las medidas sobre las que tienen competencias -horarios de los locales, aforos...-. El problema es la celeridad con que estas medidas deben adoptarse si no se quiere ahondar en las muchas dudas que suscita el nuevo escenario entre los ciudadanos. Son muchos los que siguen preguntándose si habrá libertad de movimientos a partir del domingo, si decaen también las restricciones a los negocios o si seguirá habiendo restricciones al número de personas en reuniones o encuentros con familiares o amigos.
Quedan muy pocos días para aclarar todas estas dudas. La fatiga ciudadana después de tantos meses no es el mejor caldo de cultivo para alimentar más la incertidumbre. En el caso de Canarias, es el Gobierno quien -desoído por Moncloa como todos aquellos que pidieron a Sánchez un plan B- debe actuar con diligencia y rapidez, presentando lo antes posible el nuevo escenario de restricciones a partir del domingo. Porque restricciones habrá, como ya ha anunciado el ejecutivo de Torres. La urgencia es saber cuáles.