“Sin futuro no tenemos nada que perder”. Este fue el lema de una de las manifestaciones más multitudinarias de las acaecidas esta semana pasada en Barcelona y resume el estado de ánimo de muchos miles de jóvenes, no solo en Catalunña sino en toda España y, me atrevería a decir, en muchos países de Europa y más allá.
Expertos sociólogos, politólogos y académicos nos vienen diciendo desde hace años que lo que impulsa a la mayoría de los migrantes, en su gran mayoría jóvenes y muy jóvenes, a intentar llegar a Europa desde África y Asia es la desesperación de no ver ningún futuro para ellos en sus países, por motivos económicos y también por la persecución de las minorías de todo tipo y de los disidentes políticos. Y lo mismo puede decirse de los mejicanos, centroamericanos, caribeños y sudamericanos que tratan de entrar ilegalmente en Estados Unidos.
Ahora nos estamos encontrando con que son nuestros propios jóvenes los que no ven un futuro para ellos en esta sociedad, pero ellos ya viven en el primer mundo, así que no tienen ningún paraíso imaginado al que emigrar y acumulan frustración que, en último término, conduce a estallidos de violencia como los que estamos observando estos últimos días.
“Nos habéis enseñando que ser pacíficos es inútil”, era el lema que rezaba en una pancarta en otra de las manifestaciones recientes. Es otra frase que resume la frustración de los jóvenes. Nos están diciendo que después de la crisis de 2008 y sus terribles consecuencias, para muchos pero sobre todo para ellos, ahora sobreviene otra crisis sin habernos recuperado de la primera y el único futuro que ven delante de ellos es la precariedad perpetua y que las manifestaciones pacíficas y la participación política no solo no ha solucionado nada, sino que las diferencias sociales no han hecho sino agrandarse y la previsión para el futuro inmediato no es otra que la profundización de las mismas. Así pues, muchos de ellos piensan que la violencia reactiva contra el sistema establecido es legítima y, puesto que no tienen nada que perder, es la única opción que les queda.
Nuestros gobernantes y políticos, especialmente los progresistas, deberían meditar seriamente sobre el tema y entender que el problema va mucho más allá de una mera cuestión de orden público y que la solución debe venir de medidas legislativas sociales y no de la simple represión policial y judicial.
No se entiende cómo el actual gobierno de España aun no ha derogado la ley mordaza, que constituye un auténtico atentado a la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales de toda democracia que se precie, con delitos tan anacrónicos como inaceptables como el de injurias al jefe del estado o a la corona o a las instituciones del estado, sobre todo en el contexto de manifestaciones artísticas como obras de teatro, farsas, marionetas, cómics, pinturas, canciones, raps, etc. Muy inseguros deben sentirse todas esas tan altas instituciones, que necesitan que se prohíba que se les injurie. Un auténtico desatino que no se compadece con lo que ocurre en otros países. En el Reino Unido, por poner un solo ejemplo, se han dicho, en contextos satíricos, auténticas barbaridades, como quemar a la familia real por ejemplo, y a nadie se le ha ocurrido sancionar y mucho menos encarcelar a los cómicos.
Tampoco se ha derogado la última reforma laboral del gobierno Rajoy, una auténtica agresión al derecho al trabajo y perpetuadora de la precariedad e inseguridad en el trabajo. Y no existe ninguna posibilidad de que los jóvenes y muchos no tan jóvenes accedan a una vivienda digna, que también es un derecho fundamental y no hay noticias de ninguna política de vivienda pública ni de alquileres sociales y no se están deteniendo los desahucios de familias vulnerables.
No es extraño que los jóvenes no vean futuro y tampoco que reaccionen con violencia a la violencia que el sistema ejerce sobre ellos, y no solo sobre ellos.
Atacar y saquear propiedades, a las fuerzas de orden público y, sobre todo, poner en riesgo la vida de personas no es aceptable y debe detenerse, pero sin justicia social los estallidos de furia descontrolada serán cada vez más frecuentes. Está en el alero de nuestros gobernantes iniciar las políticas necesarias para empezar a corregir las desigualdades, las injusticias y la inculcación sistemática de derechos fundamentales en esta democracia que el presidente Sánchez define, ¿irónicamente?, como “plena”.