El resultado de las elecciones de Cataluña del pasado domingo ha configurado una composición del parlamento catalán en la que la composición numérica de los bloques independentista y unionista casi no ha cambiado.
Los independentistas han reforzado algo su mayoría absoluta, pasando de 70 a 74 escaños, los mismos que pierde el conjunto de fuerzas unionistas. Incluso el partido considerado de alguna manera intermedio, En Comú Podem, que se declara no partidario de la independencia pero sí del ejercicio de autodeterminación en forma de referéndum pactado con el gobierno español, se ha quedado igual que estaba, con 8 escaños.
Estos cambios, considerados globalmente, son mínimos y no parecen en absoluto significativos. Sin embargo, en la composición interna de cada bloque sí se han producido variaciones importantes. En el lado independentista, el partido ganador es Esquerra Republicana, con 33 escaños, uno más que en 2017, mientras que Junts per Catalunya, que ganó con 34, ha obtenido ahora 32. Y la CUP ha conseguido una gran subida de cuatro a nueve diputados. La pérdida de Junts se debe, sin duda, a la escisión del postconvergente PDCat, que ha acudido a las urnas en solitario y ha obtenido unos setenta mil votos que no le han bastado para conseguir representación parlamentaria. Con esos votos, Junts habría ganado con 34 ó 35 escaños. La victoria de Esquerra en este bloque y la subida de la CUP implican un desplazamiento del voto independentista hacia la izquierda.
Qué significará este cambio en un probable gobierno independentista presidido por Esquerra está por ver, ya que frente a la estrategia de esta formación de distensión con el gobierno español, las otras dos fuerzas son más partidarias de la confrontación dura. Incluso está por ver cómo se podrá configurar un tal gobierno, ni si tan solo se llegará a formar.
En el bloque unionista, el PSC ha recuperado su supremacía. De hecho, ha sido la lista más votada y ha obtenido 33 escaños, igual que Esquerra, 16 más de los que tenía, lo que se ha compensado con el hundimiento de Ciudadanos, que ha perdido 30, pasando de 36 a 6, y el pésimo resultado del PP, que tenía unos magros 4 diputados y aun ha conseguido perder uno, pasando a tres. Y la auténtica novedad ha sido la irrupción de Vox, con 11 representantes, lo que convierte al partido de extrema derecha en la cuarta fuerza del parlamento catalán.
La victoria en votos y el empate en escaños no parece que le vayan a servir al líder del PSC, Salvador Illa, para conseguir convertirse en presidente de la Generalitat. No suma en ningún caso sin el apoyo de Esquerra, y resulta difícil imaginar ahora mismo a los republicanos formando parte de un nuevo tripartito, ni siquiera aunque los socialistas le cedieran la presidencia, a no ser que desde el gobierno central se concedieran los indultos a los presos políticos catalanes y se aceptara empezar a tramitar una ley de amnistía y a negociar un referéndum de autodeterminación, lo que ahora mismo es pura fantasía distópica.
Pero sí ha habido en ese sentido un cambio muy significativo respecto de todas las elecciones anteriores, que es que los partidos independentistas han conseguido por primera vez superar el 50 por ciento de los votos. Este hecho es muy importante, y ya ha sido ninguneado por opinadores y comentaristas unionistas, que consideran que la altísima abstención deslegitima cualquier pretensión de que sea un motivo que justifique negociar un referéndum, aduciendo, sin ninguna base, que se habrían abstenido más votantes unionistas que independentistas. Pero las elecciones son legítimas; en todo caso, se han celebrado en condiciones epidemiológicas de la pandemia desfavorables en contra de la opinión de las fuerzas independentistas y, por tanto, sus resultados son legales y la reclamación de que los votos independentistas han superado el 50 por ciento es absolutamente lícita.
La composición del parlamento catalán surgida de estas elecciones, por tanto, resulta muy compleja y lo único claro es que la formación de cualquier gobierno requerirá de muchas negociaciones, grandes dosis de sentido común, y capacidad de los partidos de poner los intereses de los ciudadanos por encima de los suyos propios, ya que la situación sanitaria, económica y social de Catalunya demanda un gobierno fuerte y cohesionado que sea capaz de afrontar las enormes necesidades de la sociedad catalana a corto plazo, que deben tener preferencia sobre la cuestión de la secesión hasta que no se solucione el colapso provocado por la pandemia.
Pero el gobierno y el 'establishment' españoles tampoco deberían ignorar la repetida victoria electoral del independentismo, que se corresponde con una corriente de fondo muy importante de la sociedad catalana, que ha superado el 50 por ciento de los votos, que no va a desaparecer con la represión judicial y el estrangulamiento económico, que no es un suflé que se vaya a desinflar, y que el conflicto no se va a solucionar si no se acepta un referéndum de autodeterminación acordado entre las partes, como se hizo en Escocia o en Quebec.