En concreto, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID) será la encargada de coordinar está iniciativa, cuyo principal objetivo es reclamar los daños y perjuicios sufridos por el impacto de las medidas implementadas por parte de las administraciones públicas frente al coronavirus.
La acción judicial será presentada por la firma de servicios jurídicos Broseta, representada por el exmagistrado, socio de la firma y experto en Derecho del Deporte Alberto Palomar, que será el encargado de liderar esta reclamación.
PÉRDIDAS DE FACTURACIÓN
El sector del fitness señala que se encuentra en un "momento crítico", con pérdidas de facturación de más del 50 por ciento, y asegura que se enfrenta a un escenario "muy delicado", mientras observa la "inactividad" de las administraciones y sigue a la espera de un plan de ayudas que contribuya a paliar el impacto económico del cierre prolongado de los centros y las limitaciones impuestas a su actividad.
De continuar así, los representantes del colectivo estiman que el 44 por ciento de las empresas del fitness, que se considera un sector esencial, se verán abocadas al cierre.
De hecho, las instalaciones y centros deportivos han cerrado 2020 con unas pérdidas calculadas en 1.246 millones de euros, una cifra que supone que cada instalación ha visto disminuir su facturación en un 53 por ciento con respecto al año anterior. No obstante, la patronal del sector precisa que estos datos empeorarán todavía más en el próximo informe, en el que ya se notarán de lleno los efectos de las nuevas restricciones aplicadas durante el último trimestre del pasado año.