Que tendremos una nueva ley de educación en nuestro país es ya una realidad a la que nos tendremos que acostumbrar. Esta semana en la cámara alta, el Senado se ha debatido una interpelación sobre esta nueva ley. Y como a mi me interesa y me afecta en primera persona la aplicación de esta norma, ha dedicado un poco de mi tiempo a escuchar las intervenciones de los diferentes partidos políticos. Pues si se fijan en el titular de este artículo encontrarán en él el resumen de la batalla dialéctica de nuestros políticos. Unos con lo suyo y los otros intentando defender lo indefendible. Intercambio de acusaciones, del y tú más, de “no te has enterado de lo que va la ley”, “el artículado dice lo que dice”, etcétera. Yo te apunto, te acuso y tú te defiendes.
Y después de toda esta artillería sin sentido, ¿dónde vamos?. Pues no vamos a ningún sitio. Dedicar un tiempo pagado por los impuestos de todos los españoles a estas memeces no me hacen más que repudiar el nivel de nuestros políticos.
Me duele que no me sorprende que ninguno de los representantes políticos dedicase minutos de sus intervenciones a debatir los problemas reales que tienen los centros educativos en este momento en nuestro país y que yo desde esta tribuna he citado en múltiples ocasiones.
Las consecuencias de la aplicación de la Ley se manifestarán en forma de problemas que tendrán que resolver los docentes y que afectará a nuestros alumnos.
Deberíamos pensar muy bien en el coste social que se va a derivar de esta nueva norma. Ni la anterior Ley era tan mala ni ésta va a ser tan buena que vaya a erradicar de raíz los males endémicos de nuestros sistema educativo.
El cortoplacismo en la toma de decisiones nos está conduciendo a un precipicio incontrolable. Lo que está claro es que ésta no es la Ley que necesita España en estos momentos ni es el momento en que España necesite cambiar la Ley.