Según la Real Academia de la Lengua el régimen político caracterizado por la reducción o eliminación de la democracia, la intervención y presencia del Estado en todos los órdenes de la vida económica y social y en el ejercicio de las libertades públicas, especialmente de opinión, prensa y asociación se le llama totalitarismo.
Y qué es lo que estamos viviendo en estos últimos meses en nuestro país sino una nueva forma de partido único que impone, impide y obstaculiza las libertades que nuestra constitución nos consagró.
No se puede discrepar del pensamiento único sobre el feminismo radical, la diversidad sexual, la memoria dicen que histórica y de las opiniones distintas a lo mandado desde las instituciones del gobierno del estado esparcidas por los medios de comunicación afines y bien pagados.
Se ha impuesto un nuevo lenguaje neo oficial y todo aquel individuo que no opine igual y no utilice ese mismo lenguaje es víctima de cualquier desprecio e insulto. Para muestra de ello, las televisiones públicas manipulando y bombardeando día y noche, ocultando la verdad y desinformando creyendo que lo objetivo y neutral es lo que piensan ellos y no los hechos narrados de lo que verdaderamente pasa.
Y el último paso hacia ese totalitarismo a que nos están llevando los que nos gobiernan es la nueva ley de educación que limita el derecho de la libertad de educación.
Esta ley supone un retroceso, porque limita la libertad de los padres (y sobre todo de los que disponen de menos recursos económicos) al teledirigir su elección escolar, y porque reduce la heterogeneidad de la oferta educativa.
Su articulado supone un grave ataque a las libertades de todas las familias, que ven silenciada su voz en el diseño de la planificación educativa, independientemente de qué opción quieran elegir para sus hijos.
Y por donde limitan esa libertad pues, entre otras cosas, en la eliminación del término “demanda social”. Con esta mención, la anterior ley establecía que la voluntad de los padres, expresada en su intención de matricular a su hijo en un centro u otro, sería tenida en cuenta. No era el único criterio ni siquiera se destacaba como principal. Pero la nueva ley lo elimina por completo, consagrando una planificación unilateral, única, la del Estado. . Esto vulnera el espíritu de la Constitución, que habla de una planificación participada; participada por los padres, entre otros.
Todos los tratados internacionales en materia educativa refrendan el derecho de los padres a escoger centro y el de educar a sus hijos según sus propias convicciones. Pero para que la libertad sea real y no sólo hipotética, es necesario que exista una pluralidad de oferta, lo que exige a su vez el derecho a la creación de centros con una identidad propia, se configure esta en torno a unos valores antropológicos o a una propuesta estrictamente educativa.
El monopolio del espacio público por parte del Estado ha sido siempre un rasgo de los regímenes totalitarios: partido único, sindicato único y , ahora, enseñanza única.