El Grupo Socialista impidió con su voto en
contra que prosperase, en la sesión plenaria celebrada esta mañana, la
enmienda presentada por el senador por la Comunidad Autónoma de
Canarias, Fernando Clavijo, para que se tuviesen en cuenta las
singularidades de la industria canaria en el proyecto del Real Decreto
por el que se regula el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos.
Un proyecto en el que el Gobierno socialista no ha tenido en cuenta las
particularidades de Canarias como región ultraperiférica alejada del
continente y fragmentada y en el que, además, establece unos requisitos
mínimos que las empresas canarias, por su reducido tamaño, no pueden
cumplir.
La enmienda presentada por Clavijo a una moción del Partido Popular
pretendía que en dicho proyecto de Real Decreto se contemplase una
reducción o eliminación de los requisitos para Canarias atendiendo a sus
limitaciones como región ultraperiférica. Una petición que fue rechazada
por el PSOE.
El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias lamenta que los
socialistas canarios hayan levantado la mano en contra de las empresas
industriales canarias “pese a que el impacto del coste de la energía en
los productos es casi un 25% superior que en las industrias de su sector
situadas en territorio peninsular”.
“Además”, indicó el senador, “la industria en Canarias también tiene que
soportar costes de la energía eléctrica superiores a los que tiene la
industria en la Península, y a falta de estudios gubernamentales que los
hayan evaluado, ASINCA (Asociación Industrial de Canarias) realizó en
2017 un estudio comparativo obteniendo como resultado que las industrias
canarias pagaban por el Kwh una media de 0,1244935 €, mientras que las
industrias en Península pagan una media de 0,09490406 €/kwh, lo que
supone un incremento del precio medio del 23,77 %”.
El agua más cara de toda España
Otra realidad que no contempla el proyecto elaborado por el Gobierno del
PSOE es que “Canarias es una de las regiones con el precio del agua más
cara de toda España, lo que influye no solo en el precio que pagan los
ciudadanos sino también el sobrecoste que deben afrontar el resto de las
industrias que utilizan el agua como materia prima, que son muy
numerosas y de multitud de sectores, influyendo por tanto de forma
directa en su competitividad”.
En este sentido, el senador expuso la propuesta que ya ha elevado ASINCA
para que “en línea con los objetivos de descarbonización,
industrialización y fomento de la economía circular tendría que tenerse
en cuenta también en el listado de las actividades que pueden acogerse a
esta condición de consumidor electro intensivo las industrias de
reciclado de forma más genérica”.
Concretamente, todas aquellas empresas relacionadas con la captación,
depuración y distribución de agua; la recogida y tratamiento de aguas
residuales y la recogida, tratamiento y eliminación de residuos.