Los partidos de gobierno y de oposición de Chile han llegado a un histórico acuerdo por el cual se elaborará y aprobará un nuevo texto constitucional que sustituirá a la actual Carta Magna, aprobada en 1980, durante la dictadura militar de Pinochet. El consenso ha exigido de la celebración de maratonianas reuniones entre las fuerzas políticas, que, finalmente, ha dado como resultado la aprobación de un documento de 2 páginas que contiene los 12 puntos por los que se regirá el proceso constituyente, del que únicamente se ha desmarcado el Partido Comunista.
Con esta actuación, los responsables políticos confían en dar respuesta a las multitudinarias movilizaciones que durante las últimas semanas han tenido lugar en Santiago y las principales ciudades chilenas. De hecho, al hilo de las reivindicaciones que han podido escucharse estas fechas por las calles, el documento de consenso que ha de dar paso a la elaboración de una nuevo texto constitucional lleva por título "Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución".
El proceso comenzará a andar, oficialmente, el próximo mes de abril con la convocatoria de un plebiscito que planteará a los ciudadanos chilenos dos cuestiones muy concretas: si están de acuerdo con que se promulgue una nueva Carta Magna, y, en segundo lugar, cuál ha de ser la instancia encargada de redactarla. A este respecto, la consulta ofrecerá a los votantes dos alternativas: que la elaboración del documento corra a cargo de un órgano formado exclusivamente por ciudadanos, o que asuma esta responsabilidad una comisión mixta integrada al cincuenta por ciento por ciudadanos y políticos.
Realizada esta consulta, la nueva fecha clave para el proceso constituyente de Chile coincidirá con el mes de octubre de 2020, que será cuando los electores deberán escoger las personas que integrarán el órgano que llevará adelante la configuración del contenido de la futura Constitución, tarea para la cual dispondrán de un período inicial de 9 meses que podría prorrogarse otros 3 en caso de necesario. Esto situaría la promulgación del nuevo texto para mediados o finales de 2021. A su vez, los integrantes de la comisión constitucional que resulten elegidos quedarán automáticamente inhabilitados para ejercer cualquier tipo de cargo público durante el período de un año.
Finalmente, los ciudadanos chilenos deberán dar el visto bueno al borrador constitucional mediante la convocatoria de un referendum con participación obligatoria.