La privatización sanitaria comenzo hace tiempo. Poco después de de aprobarse la Ley General de Sanidad (1986) ya comenzaron a producirse fenómenos que favorecían la privatización sanitaria y cuestionaban el modelo de Sanidad Pública que propugnaba la LGS como la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (1990) y el Informe Abril (1991). La privatización que se ha extendido a todo el Sistema Nacional de Salud ha tenido una intensidad variable según las CCAA atendiendo tanto al grupo político en el gobierno como a otras circunstancias. Las privatizaciones se profundizaron y diversificaron a partir de la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 y del primer gobierno del PP a nivel central, y se han acentuado en la última legislatura, en gran parte aprovechando la excusa de la crisis económica.
Es conocido que el gasto sanitario privado se ha incrementado notablemente en los últimos 10 años, pasando el 24,6% del gasto sanitario total al 29,2% (OCDE 2018), y ello se debe a una bajada continuada de los presupuestos destinados a la Sanidad Pública que han pasado de ser el 6,78% del PIB en 2009 al 6,23% en 2017 (OCDE). A la vez se ha producido una derivación creciente de los fondos públicos al sector privado deteriorando la Sanidad Pública y favoreciendo la búsqueda en el sector privado de las prestaciones que no se consiguen en la Sanidad Pública, lo que explica por ejemplo que los seguros privados sanitarios sean los que han tenido un mayor crecimiento ( en 2016, el 3,6% y el 5,07% en 2017) con un total de 11,51 millones de afiliados este ultimo año, y lo mismo ha sucedió con el gasto de bolsillo que paso de ser el 19,5% del gasto sanitario total en 2009 al 24,2% en 2017.
Los recortes y el deterioro de la Sanidad Pública, han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado, y por eso es una de las estrategias utilizadas para favorecer la privatización.
Obviamente este aumento de la provisión y el aseguramiento privado va unido a una mayor desigualdad y a exclusiones porque solo acceden a estas formulas las personas con mas recursos.
La falta de transparencia informativa es uno de los grandes déficit de nuestro sistema sanitario, por lo que resulta complicado obtener datos concretos de las administraciones sanitarias y mas aún si se pretende que sean homogéneos para todas las CCAA. A pesar de ello nuestros resultados coinciden con los de otras publicaciones que señalan también estas limitaciones.
Con estas restricciones, desde la FADSP venimos analizando anualmente, con los datos disponibles, el grado de privatización de los servicios sanitarios de las CCAA para establecer las diferencias que pueden existir en este aspecto.
No obstante merece la pena señalar que hay algunos motivos para la esperanza como ha sido la reversión del hospital de Alzira el 1 de abril de 2018 a la red sanitaria pública.Esta recuperación evidencia que la clave de la privatización / desprivatización sanitaria esta en la voluntad política de las administraciones públicas y sus gobiernos.
También conviene tener en cuenta que los datos referentes a Andalucía son anteriores al último cambio de gobierno en esta comunidad autónoma, cuyo nuevo gobierno parece inclinarse por un aumento significativo del sector privado, y que el impacto de los cambios de políticas en la misma solo serán visibles en el Informe del año próximo.
VARIABLES ANALIZADAS
Se evalúan aspectos de aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos y utilización del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de formulas de colaboración público-privadas establecidas en la comunidad autónoma. Solo se utilizan datos que se encuentran publicados y las fuentes disponibles (Ministerio de Sanidad, Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de Estadística, Memorias de MUFACE, MUGEJU e ISFAS, IDIS).
Las variables analizadas han sido las siguientes:
Hay que ser conscientes de que las cifras de contratación del sistema público con el sector privado están infraestimadas por dos motivos: la presencia del modelo de las mutualidades de funcionarios que en su mayoría dedica fondos públicos a financiar seguros privados, y luego porque existen muchos casos de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado (pruebas diagnósticas, etc) con lo que estas partidas no aparecen contabilizadas de manera diferenciada y se incluyen en los presupuestos de los centros públicos.
Los ocho primeros apartados se han puntuado de 1 a 4 según la posición de cada comunidad en los cuartiles de cada variable, considerando el mas bajo el de menor puntuación. La variable 9 se ha puntuado asignando un punto a aquellas CCAA donde existen estos fenómenos y 0 a aquellas en las que están ausentes.
Las variables 7 y 8 se han incluido por primera vez en este Sexto Informe y complementan la utilización del sector privado en cuanto a consultas externas y consultas del medico de cabecera.
RESULTADOS
De acuerdo a estos criterios se han puntuado a todas las CCAA, obteniendo un resultado promedio de 19,58 puntos con una DS de 4,92 (rango entre 12 y 31 puntos), sobre un máximo de 37 puntos posibles, con una ratio máximo/mínimo de 2,58.
Después de calcular los percentiles de los resultados obtenidos, se clasifican las CCAA en tres grupos: alto grado de privatización (igual o mayor al percentil 75 = 23), privatización intermedia (entre percentil 25 y 75) y bajo grado de privatización (menor del percentil 25=16,5)
CCAA con un elevado grado de privatización:
Madrid 31
Cataluña 29
Baleares 25
Canarias 24
País Vasco 24
CCAA con un grado intermedio de privatización:
Castilla y León 20
Valencia 20
Galicia 19
Murcia 19
Navarra 19
Aragón 18
Cantabria 18
La Rioja 18
CCAA con bajo grado de privatización:
Asturias 16
Andalucía 15
Castilla la Mancha 13
Extremadura 12
COMENTARIOS
Merece la pena señalar varias cuestiones:
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública