Nos toca escribir esta tercera y última entrega sobre este tema para los lectores canarios, y a continuación adaptarlo para los afectados en media España que se han visto inmersos respecto al mismo problema y que trata sobre un final ya sospechado desde hace al menos dos años, y que tiene como protagonistas a los 61 Vertederos ilegales de marras
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EROPEA TENÍA RAZÓN CON LOS VERTEDEROS
DERECHO A SABER
Alabábamos el otro día el decoro de Canarias, y su Agencia de Protección del Medio Natural al revelar su situación real, de insostenibilidad ya presumida, pero loable sus manifestaciones, y qué al ser equiparables al resto insular, ha servido para confirmar lo mencionado sobre la amplia sombra de sospecha de “silencio programado” y opacidad permanente de la mayoría de administraciones públicas envueltas en este “affaire”, así como la elusión de responsabilidades.
Este Portal ha tenido en su mano la Sentencia completa del TJUE desde la fecha de su publicación, (15.3.17), pero sin embargo, ha querido otorgar el beneficio de la duda a nuestra Administración en pro de una obligada transparencia hacia sus administrados, que nunca habría llegado.
En opinión de un veterano jurista, frecuente espectador en sus tiempos de las actividades del TJUE. le resulta difícil asumir, que un Tribunal de este rango, se aleje de la realidad, que no ha sido probablemente otra, que las ya acostumbradas descoordinaciones entre Administraciones Públicas, a la hora de asumir sus propias responsabilidades.
O sea, que ha tenido que manifestarse el Gobierno de Canarias, para que su declaración, de días atrás, salpique a su alrededor, y confirme la realidad sospechada desde hace dos años: la inacción respecto a la ejecución de 61 Vertederos destinados al aseguramiento de las actividades necesarias para que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, y en particular ni para la fauna y la flora.
Desde 2005, 2007, 2008, etc. se le vienen reprochando al Reino de España, sus incumplimientos en las obligaciones de abordar el problema de los vertederos ilegales en España, en cuanto a adoptar las medidas necesarias para el aseguramiento de la Directiva 2008/98.
En una extensa Sentencia, con las lógicas alegaciones de las partes, vamos a detenernos en la parte dispositiva donde el TJUE, se refiere con todo lujo de detalles a lo que procede, en función de la especial situación de Canarias refiriéndose a la totalidad de los Vertederos........el incumplimiento de los Arts. 13 y 15.1 de la mencionada Directiva.
Ardua labor le queda a la Agencia Canaria por delante, en una responsabilidad medio ambiental que tiene tres paternidades: Gobierno Central; Autonómico y Local. Aquí subyace la problemática, pues todos tratan de eludir obligaciones en detrimento de otro.
Hace apenas unos días, la Agencia Canaria manifestaba la clausura y sellado de 10 Vertederos en terreno Insular. Si no nos fallan las cuentas, la Sentencia mencionaba 23 Vertederos, y sí deducimos los 10 clausurados, nos quedarán todavía 13.
La Agencia debe asumir que una vez “rasgado el velo de la opacidad” convirtiéndolo en algo transparente, debe continuar por la misma ruta informativa en beneficio de los contribuyentes.
Bajo esta premisa, podrá contar con el apoyo de este Medio y este modesto autor, ultra agnóstico del sistema político, que sólo cree en una auto gestión funcionarial responsable y no tengan reparos en denunciar aquellos hechos realizados bajo inadecuadas praxis.
Reflexionemos pues, al calor de la Directiva, respecto de: que los Estados Miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realizará sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y flora...........