jose willis | Sábado 20 de diciembre de 2014
No sé si usted está familiarizado con esa norma que muchos califican como la Ley más importante que rige el Archipiélago, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. El REF, para que nos entendamos.
Por encima del Estatuto de Autonomía, este fuero bien heredado del siglo de Carlos I ha permitido a Canarias ser un valioso puerto franco durante siglos, codiciado por los grandes imperios y, en muchas ocasiones, denostado por el Estado español. Éste, dirigido aún por Franco, consolidó en 1972 esta Ley que más tarde confirmaría la Constitución. La entrada en Europa hizo necesaria una adecuación a la normativa, que se ido reformulando sucesivamente hasta el último en vigor, aprobado en 2007, y cuya renovación se prorrogó un año (debía finalizar en 2013) para "una mejor adecuación" a los tiempos que corren. "Creación de empleo y más empleo", como aseguran desde el Gobierno autonómico.
El problema está en que, ni antes ni ahora, el REF ha colmado las expectativas del empresariado y la cúpula política regional (ni mucho menos las del ciudadano de a pie), que han visto en el persistente incumplimiento de los pagos por parte de Estado el chivo expiatorio por el que han pasado todas sus posibles carencias, algo a lo que ha ayudado sobremanera la desgraciada situación que ha vivido el país .
A la ciudadanía tampoco le importa. Si obviamos a los profesionales relacionados de una forma o de otra con la fiscalidad canaria, muy pocos podrían hablar con rigor sobre esta Ley que a todos nos afecta. RIC, DIC, AIEM, ZEC, REF,… acrónimos que nada dicen a un pueblo que entiende de paro y precariedad, pero al que no se ha sabido transmitir la importancia de este elemento vital para nuestra economía.
Según se dice en los corrillos, este REF que nos viene ha sido fruto de la tecnocracia más que del consenso entre los agentes sociales. Si es así, puede que en el futuro se vire la moneda. Con una sociedad más fragmentada que nunca desde el renacimiento de la democracia, inhibir a ciertos grupos puede ser contraproducente, y no ayuda a hacer causa común en la lucha por los derechos de nuestra sociedad.
Pensemos (utópicamente) en un revuelo como los que han provocado las prospecciones para pedir una rebaja del IRPF (¿llegará…?). Arde Troya. Las reuniones entre técnicos, políticos y algún que otro empresario difícilmente podrán conseguir eso, pero sí el apoyo de los actores a los que presuntamente se ha excluido.
No digo que en esta materia todos debamos opinar. Zapatero a sus zapatos. Confío en que este REF, si efectivamente ha sido redactado más por técnicos que por políticos, sea el más eficaz (que no eficiente) de los que ha tenido el Archipiélago.
Montoro dijo hoy tras la aprobación en Consejo de Ministros que éste es el REF “más ambicioso y más cargado de incentivos fiscales” que ha tenido Canarias. Podríamos entrar en materia socioeconómica, pero soy de letras y prefiero hablar de lo que sé, que es poco. Pero si con la nueva RIC se abre la vía para la inversión indirecta, de forma que las pymes puedan participar en proyectos de más calado, éstas difícilmente podrán hacerlo si no tienen acceso a una financiación competente; si la DIC en África Occidental ofrece una reducción a pymes que allí se establezcan, generarán empleo allí y no aquí, que es lo que nos interesa; si se eliminan las bases para la tributación del 4%, bien, ¿son las condiciones más favorables para todos?
Profanas reflexiones que me llevan a pensar que, de cara al futuro, habrá que plantearse un acercamiento concienzudo de la norma a los ciudadanos, de forma que, cuando se vuelva a modificar, el conocimiento del mismo por parte de todos los agentes sociales genere una adaptación más enfocada a lo que realmente es necesario para la gente de a pie, y no sólo para el empresariado. Después de todo, es la Ley más importante para Canarias. O eso he oído.
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