El Grupo Popular del Cabildo de Tenerife presentará al Pleno sobre el Estado de la Isla que se celebrará el próximo día 27 de febrero una propuesta de resolución en la que se solicita el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Gerardo Guaidó Márquez, como presidente del Ejecutivo Nacional encargado de lograr la celebración de unas elecciones libres en el país.
La situación de Venezuela es especialmente importante para Canarias, y más en concreto para la Isla de Tenerife, en la que se produce una importante concentración de la diáspora venezolana, tanto de carácter político como económico. Al tiempo, en aquel país existe todavía una significativa colonia de canarios emigrados a los que las instituciones canarias están obligadas a prestar amparo ante los acontecimiento que se viven en el país.
Tras años de indiscutible y progresiva degradación de la democracia en Venezuela, y de deterioro exponencial de la economía, con la consabida crisis humanitaria a consecuencia de la escasez de alimentos básicos y de medicinas, el país se encuentra en una situación límite.
España, como parte de la comunidad internacional, y en especial Canarias, no pueden eludir su compromiso con la defensa de la democracia y la libertad en el país hermano.
Como es sabido, el pasado 11 de enero Nicolás Maduro juró su segundo mandato como Presidente de Venezuela tras la celebración de unas elecciones (el 20 de mayo de 2018) que carecieron de los mínimos requisitos legales y garantías democráticas, y cuyos resultados no fueron reconocidos por gran parte de la comunidad internacional.
La Unión Europea, la OEA, así como otras organizaciones internacionales y numerosos Gobiernos de la región coincidieron en valorar dichas elecciones como fraudulentas, puesto que no se garantizó la participación de todos los partidos políticos, ni la igualdad de condiciones en la competencia, ni siquiera su conformidad con la legalidad de la propia Constitución venezolana o con las normas internacionales.
Tras los comicios fraudulentos en los que no participó la oposición, es la primera vez que un presidente venezolano no es investido en la Asamblea Nacional, como así establece la Constitución venezolana, porque ésta considera que el mandato de Nicolás Maduro es ilegítimo de origen y, por tanto, él es un usurpador del cargo para el período 2019-2025.
Después de ese juramento fraudulento del 10 de enero, la Asamblea Nacional se reunió y acordó, en aplicación del artículo 233 de la Constitución Venezolana, el nombramiento del Presidente de la Asamblea como Presidente Encargado y, como tal, primera autoridad del país.
Así, el pasado 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez, asumió formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela para lograr la celebración de unas elecciones libres.
Cientos de miles de venezolanos acompañaron al presidente Guaidó en su juramento saliendo a las calles en Venezuela y en el mundo entero, para apoyar la convocatoria que lanzó el presidente de la Asamblea Nacional y proclamarlo presidente legítimo del país, mientras que reivindicaban la salida de Nicolás Maduro y de su Gobierno.
La Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife fue uno de los lugares elegidos para mostrar el enérgico apoyo de la comunidad venezolana en el exterior al presidente encargado Juan Guaidó, con presencia en la misma concentración del padre del propio presidente, que reside en nuestra isla desde hace años, así como del diputado de la Asamblea Nacional Ramón José López, quien en los días previos mantuvo un encuentro con representantes del Partido Popular en el Puerto de la Cruz.
La situación de Venezuela es cada día más grave: la falta de medicamentos, el hambre causado por la carencia de alimentos básicos, etcétera han dejado a la población venezolana ante una crisis humanitaria de excepcional gravedad. A eso se suma la represión violenta ejercida por el régimen de Maduro que, en jornadas como las del pasado 23 de enero, ha llegado a causar al menos 16 muertos y más de 300 heridos (según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH), y decenas de heridos y detenidos, que vienen a sumarse a los miles de represaliados en los años de dictadura chavista.
Los principales países de la región Iberoamericana (con la llamativa excepción de México, y el previsible seguidismo de Bolivia y Cuba), así como los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, han reconocido al Presidente interino Juan Gerardo Guaidó y han manifestado el apoyo de sus países para ayudar en la tarea de establecer un Gobierno de transición, en cumplimiento de las obligaciones que marca la Constitución venezolana.
Sin embargo, potencias como Rusia o China mantienen su apoyo y reconocimiento a Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela, ignorando la realidad constitucional venezolana, y la gravísima crisis social y humanitaria que acucia al país.
Las dudas y tibiezas del Gobierno de Pedro Sánchez han complicado a la UE tomar una posición conjunta en línea con la comunidad internacional mayoritaria y con otros organismos internacionales como la OEA; sin duda, la mayoría de los Estados miembros de la UE hubieran querido llegar más lejos en su posicionamiento (y algunos así lo han hecho, como por ejemplo Francia) y, precisamente por el principal rol que España tiene en América Latina, no pueden hacerlo hasta que el Gobierno de España muestre su determinación y compromiso con la libertad y la democracia en Venezuela.
España tiene que exigir con firmeza la democracia en Venezuela y tiene que liderar en el seno de la UE el reconocimiento de Juan Gerardo Guaidó como Presidente de Venezuela. El dictador Maduro ha usurpado el poder a costa de la miseria y la represión brutal a los venezolanos y debe abandonar de inmediato el Gobierno.
Para ello, el Gobierno de España debe reconocer al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, como Presidente Encargado de la República, tal y como establece la Constitución venezolana en vigor.
Además debe liderar, en el seno de la Unión Europea, este proceso de apoyo a la transición democrática mediante la conformación de una posición común en este sentido, y el acompañamiento para la celebración de unas elecciones libres y con garantías en el país, de conformidad con su propia legislación constitucional.
Asimismo debe colaborar con los distintos organismos y organizaciones internacionales para paliar la gravísima crisis humanitaria que, como consecuencia de la Dictadura en los últimos años, están viviendo los ciudadanos venezolanos y que conlleva la vulneración de los más básicos Derechos Humanos.