Los administradores creen “fundamental” un cambio en la legislación que ofrezca soluciones a los propietarios que deciden poner su vivienda en alquiler. Ante este “grave problema”, reclaman una legislación homogénea mediante una nueva Ley de Propiedad Horizontal, ya que la normativa actual “sigue sin ofrecer seguridad jurídica y procesal a los propietarios para que pongan sus inmuebles en el mercado del alquiler”.
En su opinión la regulación “históricamente muy rígida, unida a una cultura social proclive a invertir en la compra de vivienda como el principal sistema de ahorro de los ciudadanos, ha impedido un desarrollo de este mercado similar a los países del resto de Europa”.
El CGCAFE comparte los objetivos del Real Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler, referidos a la urgencia de la adopción de medidas en materia de alquiler por “la grave situación de vulnerabilidad económica y social de gran número de familias, la evolución de los precios del alquiler desde el año 2011 y la escasez de vivienda social”.
El pero de la cuestión es que “el parque de viviendas en alquiler de protección oficial o de renta limitada, ya sean de promoción pública o privada, es prácticamente inexistente en el momento actual”. Ello, en su advertencia, hace recaer sobre los propietarios de viviendas la demanda de vivienda a precio asequible para aquellos que cuentan con menos recursos. Denuncian que esa injusta carga les señala como solucionadores forzosos de “la demanda de familias vulnerables económica y socialmente, y de los jóvenes que accedan a su primera vivienda”.
Ante una situación en la que están concienciados, pero que no les compete, piden que “las distintas administraciones públicas ejerzan sus atribuciones, porque solo así se puede garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna”.
Según comentan, “durante la crisis la contracción del mercado de compra-venta de viviendas, el descenso en el poder adquisitivo y la inestabilidad laboral” lograron “un cierto impulso” del mercado del alquiler, pero “la irrupción del arrendamiento turístico ha revolucionado el sector inmobiliario provocando un incremento constante en los precios”.
Aunque señalan que “no se puede establecer como causa única para la subida de los precios”, el auge de la vivienda turística “si es un hecho fundamental y determinante”, dado que los propietarios consideran mejor este tipo de alquiler “no solo por ser más rentable, sino por ser más seguro al no verse expuesto el arrendador al drama de los impagos” que se producen en viviendas de uso residencial destinadas al alquiler “y a las cargas inherentes a cualquier reclamación judicial en esta materia”.
De esta manera, los administradores de fincas colegiados consideran necesario que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una definición “más precisa del arrendamiento de uso turístico diferenciándolo del tradicional arrendamiento de temporada”. Asimismo, creen que se debería haber analizado “el arrendamiento turístico en un marco global que permitiera una regulación más homogénea en todo el país”.
Con esto, consideran que “se ha perdido la oportunidad de establecer unos requisitos exigentes para ejercer esta actividad”. Para el colegio, “es necesario coordinar, ajustar y poner claridad en la definición y en las contradictorias y dispares regulaciones de viviendas de uso turístico de las diferentes comunidades autónomas”.
Aunque el CGCAFE cree que “sería preferible regular cuál debe de ser la mayoría para autorizar este tipo de usos en viviendas”, “considera positivo flexibilizar los requisitos” para que “se pueda negar la existencia de viviendas de uso turístico, o que se pueda exigir a los titulares de estas viviendas una mayor contribución económica en los gastos generales del edificio”.
Según señalan, “es imprescindible” que existan herramientas administrativas y judiciales suficientes para “adoptar medidas urgentes en los casos de molestias, puesto que la escasa duración de los arrendamientos obliga a respuestas inmediatas”.