Múltiples sanciones millonarias a la vista procedentes de la Comisión Europea

Esta vez toca a Depuración y Saneamiento, con una estimación de sanciones de 12 Millones de euros por incumplimientos, además de 11 millones, por retrasos acumulados, en función del mayor o menor tiempo a emplear en el trabajo pendiente de ejecutar

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, compareció en el Congreso para informar sobre el tema de referencia, además de otros siete núcleos afectados en Andalucía: Alhaurín el Grande; Barbate; Coín; Isla Cristina; Nerja; Matalascañas y Tarifa.

Adicionalmente, afectadas en otras Comunidades Autónomas son: Asturias (Gijón Este), y en menor medida, otras aglomeraciones urbanas en Galicia y Cataluña.

Venimos siguiendo con interés las evoluciones de los negros nubarrones que se ciernen sobre supuestos incumplimientos de nuestras Administraciones ante la Comisión Europea, los cuales nos van pareciendo cada vez más amenazantes, a través de UNA APARENTE ESTRATEGIA DE SILENCIO sobre temas medio ambientales y posteriormente, la conformidad expresada por el Secretario de Estado sobre las graves preocupaciones existentes a miembros del Congreso, y que habíamos anticipado meses atrás a nuestros lectores.

El contenido de la Sentencia condenatoria a España, por parte del TRIBUNAL DE JUSTICIA UNIÓN EUROPEA, con señalamiento de la existencia de 61 Vertederos Ilegales, situados en distintas Comunidades Autónomas, 26 de ellos en las ISLAS, acreditan incumplidas las obligaciones relativas a España por parte del TJUE, tomando como ejemplo el anterior fiasco.

Más recientemente, la publicación por parte de la Comisión Europea, de la existencia de unos 1.135 Vertederos ilegales en España, sin especificar Comunidades Autónomas o lugares directamente afectados, pero que muy probablemente, vuelvan las ISLAS a verse afectadas, nos ha llenado, sinceramente, de estupefacción.

Hemos considerado pertinente dirigirnos al Congreso de los Diputados, en concreto a los Partidos Políticos con Representación Parlamentaria en solicitud, tanto de la información actual, de los 61 vertederos de las CC.AA. afectadas, sobre todo, por conocer la situación real y rocambolesca de algunos de ellos.

Como muchos juristas, he considerado siempre a la Jurisprudencia, como un “faro iluminador” dentro de las entrañas jurídicas, hasta que recientemente se me ha derrumbado, mi Olimpo, mi Supremo, con una actuación incomprensible.

¡Que le vamos a hacer! o mejor dicho, haremos lo que Diógenes y su famoso candil, buscaremos otros hombres que sean justos y coherentes.

Debido a mi formación, bastante “jurisprudencialista”, siempre me ha gustado observar cómo han transcurrido los acontecimientos en situaciones previas y similares, pues conociéndolos, las posibilidades de éxito para un diagnóstico son altas.

Por ello, he prestado atención a la comparecencia del Secretario de Estado qué, dicho sea de paso, y según Agencias, no sirvió precisamente para calmar los ánimos en el tripartido medio-ambiental (Estado-Comunidad Autónoma-Corporación local), que hemos creado cara a la Comisión Europea para crispación de la misma a la hora de definir responsabilidades ya que, para ésta es el Estado Miembro, su interlocutor.

Ejemplos, como los diputados del Principado de Asturias y Canarias, deberían hacernos reflexionar y si es el caso, servir de pauta a los contribuyentes para tomar buena nota de lo que acontece actualmente, ya que las próximas situaciones no diferirán mucho de la sucedida con canarios y astures.

La citada comparecencia trajo consigo que sus representantes, no prestaran conformidad a la cantidad de unos 90 millones de euros, argumentados por la Secretaría al parecer, no únicamente en sanciones, sino también incluyendo algún modificado de obras, como consecuencia de la inadecuada ejecución del emisario de Aboño.

Manifestaban los representantes astures, qué ante esta situación, preferirían continuar sin saneamiento y esperar a los P.G de 2019, e incluir su eventual importe en dichos P.G.

Algún parlamentario astur acusó al Gobierno Central de “mentir” e intentar “engañar” a la Comisión Europea, la cual, en 2005, cursó el primer apercibimiento, sentenciando la UE en 2011, aunque no se ejecutó hasta el presente año con la adición de los intereses correspondientes.

No se crean que los Astures “acampaban” en solitario, no, pues además de Canarias y Andalucía con 7 ciudades implicadas, al parecer unas y otras hasta el 2.022, tienen un futuro burocrático nada venturoso,

Estimo, que aquéllas CC.AA “cuyos nombres y apellidos” ya se conocen, implicadas en el Tema de 61 Vertederos Ilegales, deberían, en la medida de sus posibilidades, iniciar, instar y acelerar, su auténtica realidad, aunque algunas ciudades como Andratx y 5 pertenecientes a Castilla la Mancha, prefieran, aparentemente, continuar en un anonimato que precisamente, no les favorece.

Dichas Autonomías, además de las ciudades de TORREMOLINOS y ANDRATX, según el TJUE. serían: CASTILLA LA MANCHA; CASTILLA Y LEÓN, y REGIÓN DE MURCIA.

Finalmente, lamento este “diluvión” sobre el recientemente nombrado Secretario de Estado, que no tiene ninguna culpa, pero esta es probablemente una inocente peladilla casi navideña, que le tocará bailar en la boca para que no se le atragante.