Cuando la doble Z acaba de volver a la presidencia del Gobierno (Suárez González, González Márquez, Aznar López, Rodríguez Zapatero y ahora, Sánchez Pérez-Castejón), de momento la puesta en escena está siendo lo más llamativo, tras la súbita moción de censura consensuada contra el Partido Popular. La celeridad de los acontecimientos y la falta de una campaña previa, como se habían llevado a cabo todos los relevos anteriores, sumadas a la transversalidad de los apoyos recabados, nos obligan a conformarnos con los comentarios de un candidato, a quien su propio partido reprobó, para adivinar cuál será el programa que pretende llevar a cabo.
Por sus primeros pasos, no parece que quiera conformarse con una transición técnica hacia un escenario electoral inminente, como le reclaman algunos partidos políticos, sino que busca agotar la legislatura para tratar de revalidarla, con un equipo reforzado y compuesto para contentar a todas las sensibilidades afines, a excepción de las étnicas y raciales. No obstante, de espaldas a los fundamentos cristianos de occidente, con mayoría femenina y formulaciones rocambolescas, el líder socialista trata de diluir el dispendio de cuatro nuevas carteras ministeriales, el mismo número de mujeres que rompe la paridad. Si los detalles son esenciales, parece que la austeridad tampoco encabeza la prelación del PSOE de nuevo cuño.
Es indudable que, a corto plazo, el nuevo inquilino de La Moncloa ha jugado con acierto la baza inteligente de contentar a tirios y a troyanos, salvo a los que le han apoyado en la consecución de su ascenso meteórico y sin los que tendrá difícil aprobar nueva legislación. No podemos olvidar que la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes sólo en caso de extraordinaria y urgente necesidad, como consecuencia de las limitaciones materiales impuestas o su carácter de norma provisional, hasta la convalidación o derogación por el Congreso de los Diputados.
Así pues, los primeros pasos formales y de composición del nuevo gabinete, tienen una partitura melódica para los defensores de la Carta Magna y quienes siguen siendo leales al espíritu europeísta, tan en crisis por culpa de los populismos egocentristas. También la letra es atinada para los defensores de la igualdad y los derechos civiles, aunque las grandes inquietudes de este país sean otras y esos son los grandes retos a resolver, para que no pongan en peligro la senda de crecimiento y regeneración democrática en la que nos habíamos posicionado.
El papel en blanco permite la hipérbole y la maximización de resultados, pero la gestión de los recursos públicos en un marco de estabilidad presupuestaria exigida por nuestra Constitución, obliga a priorizar y a recanalizar el gasto e inversiones públicas, lo que provoca nuevos beneficiarios, tantos como adversarios. No basta con un aumento de la presión fiscal a las rentas más altas o volver a dificultar la competitividad de nuestras empresas, gravando sus beneficios o limitando su flexibilidad laboral. Tampoco la banca, con sus millones de accionistas particulares, los carburantes o el tabaco pueden seguir siendo el recurso sencillo para mejorar los ingresos públicos. Rajoy no fue capaz de actuar contundentemente contra el sobredimensionamiento de las administraciones públicas, ni contra el fraude laboral y fiscal con el que hemos aprendido a convivir. Pero tampoco resolvió el problema de la financiación de las Comunidades Autónomas y la necesaria cohesión de todos los que compartimos el Estado, la sostenibilidad de las pensiones y las ayudas sociales, una educación y sanidad en la que todos tengamos mínimos garantizados de calidad y servicio, así como una verdadera división de poderes que permita reforzar nuestro respeto institucional. Esas son las gestas que el nuevo “Consejo de Ministras y Ministros” debe fijar en su agenda, una vez concluida esta etapa de gestos, que son inútiles si no se transforman realmente en activos para nuestra sociedad.
No tenemos cien días, ni siquiera diez, para que el nuevo ejecutivo y una leal oposición, refuercen el papel de España en el mundo y mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos. Una tarea ardua y exigente para los grupos mayoritarios y para los que aspiran a serlo, en un país con una democracia joven e incompleta, pero consolidada, que ha demostrado ser capaz de hacer un traspaso de poderes tan impecable y ejemplar como nuestra reciente transición.