Román Rodríguez pregunta al Gobierno de CC por esta “celeridad” con una norma “tan desarrollista, de fuerte contestación social y jurídica”
Nueva Canarias (NC) ha exigido hoy una ampliación del escaso plazo de 15 días, incluidas las vacaciones de Semana Santa, para presentar alegaciones a cinco “complejos” reglamentos de la Ley del Suelo, aunque se cumple formalmente con la legalidad. El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, preguntará en la Cámara por esta “falta de voluntad para facilitar” la participación, muestra del déficit democrático del Ejecutivo de CC, y por la “celeridad” en el desarrollo de una nota “tan desarrollista, de fuerte contestación social” y sometida a la consideración del Tribunal Constitucional a instancias de Podemos.
El grupo nacionalista observó que los ciudadanos, organismos sociales, técnicos y profesionales interesados tienen dos semanas para analizar 382 artículos, dos 2 anexos y 29 disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
En opinión de Nueva Canarias, “con o sin vacaciones” de Semana Santa, es “inaceptable el “escasísimo tiempo” habilitado por el Ejecutivo de CC para permitir la participación ciudadana en este proceso, aunque es formalmente legal. “Hasta tal punto llama la atención esta falta de voluntad por facilitar la participación” por parte de la Consejería de Política Territorial, según Román Rodríguez, que los arquitectos y urbanistas reconocen “carecer de capacidad para abordar la complejidad” de esos cinco reglamentos “en tan poco tiempo”.
El portavoz nacionalista exigió al Gobierno una ampliación del plazo habilitado. Una demanda que Rodríguez planteará en la próxima sesión de control del Parlamento por medio de una pregunta oral a la titular del departamento canario, Nieves Lady Barreto.
Para este grupo parlamentario, esta forma de proceder de la Administración canaria es una muestra más del déficit democrático del gabinete presidido por Fernando Clavijo. Los reglamentos, prosiguió, son “muy importantes porque fijan la forma en la que se aplica” la ley. Es “poco razonable”, cuestionó, que “no se haya facilitado” la participación antes de formular los mismos y que se limite, de esta manera, el tiempo para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a la información y a presentar las alegaciones que se consideren.
Román Rodríguez sospechó de la “celeridad” aplicada a este trámite administrativo dada la “envergadura” de una norma “tan desarrollista y de fuerte contestación social”. Un rechazo que, tal y como recordó, se plasmó en su tramitación parlamentaria con las más de 500 enmiendas parciales recibidas y su aprobación, en junio de 2017, con los votos de CC, el PP y la ASG. Tres grupos parlamentarios que representan a 70.000 votantes menos que PSOE, Podemos y NC, que votaron en contra.
Una propuesta legislativa que además es investigada, observó el portavoz de NC, por el Tribunal Constitucional, tras aceptar el recurso de Podemos, para verificar si cumple los principios de legalidad y jerarquía normativa, si respeta la ley estatal del suelo, la de evaluación ambiental, la de patrimonio y diversidad así como la de administración local.