La secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana, acusa al “tripartito” formado por Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Partido Socialista Canario-PSOE, “que han formado parte de los distintos gobiernos de Canarias”, de haber tenido “una continua falta de compromiso” para desarrollar la vigente Ley de Servicios Sociales, que data de 1987.
“Su dejadez a la hora de desarrollar y financiar la vigente Ley ha generado una concepción asistencialista de los servicios sociales. Y esta nueva Ley que se debatirá el lunes en el Parlamento peca absolutamente de lo mismo”, asegura la máxima dirigente de la formación morada.
Santana recuerda que el proyecto legislativo llega a la Cámara “dos años y medio después de que fuese un compromiso asumido para 2015 por Fernando Clavijo en su investidura como presidente”, lo que demuestra a su juicio que este importante texto “no ha sido la prioridad” del jefe del Ejecutivo canario.
Así, incide en que “Clavijo nos engañó”, pues “antepuso el modelo del ladrillo impulsando primero la Ley del Suelo antes que una Ley tan necesaria como la de Servicios Sociales”.
Unas críticas de las que tampoco se libra el Partido Socialista Canario-PSOE, socio gubernamental de Clavijo durante año y medio “y que era el responsable, al ostentar la Consejería de Política Sociales, de sacar adelante” el texto, prefiriendo “dejar de lado su responsabilidad y dar rienda suelta a sus disputas con Coalición Canaria enfangando la construcción del anteproyecto”, al que “tanto han aportado diversos colectivos”.
Mejorar el bienestar social de las personas
“Ansiábamos tanto esta Ley que, a pesar de sus deficiencias, decidimos no presentar una enmienda a la totalidad para no retrasarla más, y por el compromiso con las entidades, colectivos y colegios profesionales –con los que nos hemos reunido a lo largo del mes de enero- de mejorarla con las enmiendas parciales”, afirma Santana.
Para Podemos Canarias, entre los defectos del proyecto legislativo que deben ser modificados está el hecho de que “los servicios no esenciales no quedan garantizados en la ley al no entenderse como derecho subjetivo” o que la Ley “equipara el valor de las prestaciones, programas y servicios de titularidad pública con el de la titularidad privada, abriendo la veda de una mayor privatización a manos de empresas privadas de los servicios públicos”.
Además, la formación morada considera que “falta una ficha financiera capaz de dar respuesta a los medios humanos, técnicos y financieros necesarios para el funcionamiento de la Ley” y que tanto la cartera de los servicios como el catálogo de prestaciones del Sistema Público de Servicios deben quedar desarrollados en el texto y no en posteriores decretos o reglamentos”.
“Debemos garantizar la equidad en la accesibilidad de toda la ciudadanía, independientemente de la isla en la que resida, favoreciendo la cohesión y la justicia social. Para ello es importante la remunicipalización de los servicios sociales”, concluye Santana.