La aprobación mayoritaria del importe con el que Euskadi liquidará los servicios públicos que le presta el Estado durante los próximos 5 años, ha desatado una tormenta política de gran magnitud. El cupo vasco, como la aportación navarra, enmarcadas en el Concierto y el Convenio bilaterales promovidos tras las guerras carlistas en el siglo XIX, suponen que ambos territorios abonen una parte (6,24% y 1,6%, respectivamente) de los gastos sobre competencias no transferidas (como museos nacionales, defensa, embajadas o intereses de la deuda). Esta ratio, que permanece inalterable desde hace 35 años, corresponde al peso que cada Comunidad supone sobre el PIB nacional o, mejor dicho, el que correspondía en 1982.
El debate actual no arranca por la legalidad de unos acuerdos, amparados por la disposición adicional 1ª de la Constitución, sino porque su respaldo se ha anticipado a un acuerdo multilateral entre las regiones de régimen común y por su incuestionable deslealtad. Ni el cinismo del ministro Montoro habilita el egoísmo del régimen foral y su mínima contribución a la necesaria cohesión y convergencia entre todos los españoles. De hecho, los vascos solo detraen para al Fondo de Compensación Interterritorial, el mismo porcentaje sobre su presupuesto aplicable para el cupo: unos 27 millones de euros anuales. Ese es el volumen de su apoyo a los compatriotas más pobres.
No cabe duda de que en las próximas semanas deberemos abordar las consecuencias de la propuesta que el Gobierno de España debe presentar para desencallar la caducada Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que se comprometió a presentar antes de que concluya el año, pero debería ser un aviso a navegantes que el modelo vasco-navarro no puede ser imitado o emulado desde otros territorios, sobre todo los gobernados por partidos progresistas. La mayor incoherencia en un socialista, o más a su izquierda, es procurar que los que disfrutan de un mejor nivel de vida, obtengan más recursos que los necesitados de ayuda y que incluso reciban de éstos aportaciones añadidas para su mayor bienestar.
Pero de la argumentación que esgrimirá cada baronía y la dificultad de hallar mecanismos objetivos para armonizar la orquesta, que permitan la igualdad de derechos y oportunidades a toda la ciudadanía (resida donde resida), tendremos que dedicarle un espacio más amplio en el recién nacido mes de diciembre. A ver si el espíritu de la Navidad se llega a imponer, como un bálsamo, a la crispación que ha arraigado entre nuestros dirigentes.