La comisión gestora que comanda el PSOE ha decidido sancionar a los diputados que votaron en contra de la investidura como presidente del Gobierno de Mariano Rajoy, rompiendo la disciplina de voto, cuando la consigna era votar abstención al haberlo así acordado el Comité Federal.
Sin embargo la sanción, que no es a todos los discrepantes, solo ha supuesto el apartamiento de determinados cargos en las comisiones parlamentarias o en la dirección del Grupo Parlamentario.
Si tras la investidura de Rajoy les hubiesen dicho a los diputados contrarios a la investidura del presidente del PP que este sería el castigo, se hubiesen dado con un canto en los dientes, porque todos temían represalias muy severas, incluso con la expulsión del grupo parlamentario.
Las llamadas por parte de numerosos dirigentes regionales y cargos públicos socialistas a la prudencia y a la cautela a la gestora han sido tenidos en cuenta y ni hay sanciones graves ni ha habido ruptura con el PSC.
Es por todo ello que parece muy sobreactuada la acusación a la gestora de tomar una decisión injusta y arbitraria.
Era absolutamente previsible que algo como lo que sucedió el 29 de octubre tendría algún tipo de consecuencias, porque una formación política el PSOE no puede pasar por alto la ruptura de la disciplina de voto, por más que se alegue el voto en conciencia. Pero los socialistas diíscolos debieran tratar de apaciguar su discurso en aras de que cese la división interna en el seno del PSOE y para dejar de dar un espectáculo tan poco constructivo.
Es por ello que convendría que se centren en trabajar en asuntos que sí preocupan a los ciudadanos y no se empecinen en continuar tirándose los trastos a la cabeza y ahondando en la división interna.