Hace ya bastante tiempo que se constató la proliferación de “abogados piratas” en las inmediaciones de establecimientos hoteleros de clientela mayoritariamente británica en Baleares, principalmente en Mallorca. El problema no ha hecho sino agudizarse pues también los establecimientos hoteleros del archipiélago canario han detectado la presencia de estos abogados, que incitan a los huéspedes británicos a presentar falsas reclamaciones por todo tipo de supuestos perjuicios y quebrantos con el fin de obtener compensaciones monetarias o cuantiosas indemnizaciones.
A pesar de que el problema ha sido denunciado por las patronales hoteleras, nadie parece haber hecho nada al respecto. Dado que ya ha terminado la situación de interinidad en la Secretaría de Estado de Turismo y puesto que la problemática afecta ya a varias comunidades autónomas, corresponde al Gobierno ponerse manos a la obra para combatir esta mafia que atenta contra una de las principales, si no la primera, actividad económica del país a base de una actuación fraudulenta que supone un abuso de derecho.
La Secretaría de Estado de turismo debe liderar las actuaciones para poner coto a esta mafia que desarrolla una lucrativa actividad a costa del prestigio y también de la rentabilidad del sector turístico y de los establecimientos hoteleros en particular. Corresponde actuar y hacerlo con celeridad y diligencia, encargando a las Fuerzas de Seguridad del Estado, si hiciera falta, una investigación al respecto, pues está claro que muchos de estos letrados actúan de forma organizada e integrando una organización perfectamente estructurada.
No cabe ya la inactividad ni mirar hacia otro lado. El Gobierno debe actuar ya.