Noticias como esta: ”El 72% de los españoles cree que con la pensión pública no podrá mantener su actual nivel de vida tras la jubilación”, difundidas por entidades financieras, bancos, compañías de seguros y demás entidades que exhiben con vanidad, presunción y notable desvergüenza, su poderío económico y su cercanía y su dominio del poder político, son las que provocan el pánico en los jubilados temiendo dejar de cobrar sus merecidas jubilaciones.
Este tipo de noticias no van dirigidas a las personas que ya están jubiladas, van dirigidas a asustar a los trabajadores haciéndoles creer que no van a cobrar sus pensiones, que no van a llegar a tiempo a la hucha de las pensiones para que corran a suscribir un plan de pensiones privado con el que suplementar su pensión pública de jubilación, y así estas entidades aumentar sus asquerosos y vergonzosos beneficios. L
a quiebra, el colapso del sistema de pensiones públicas que no se podrá financiar en un determinado tiempo, es otra de las grandes mentiras sobre las que se han basado gran parte de las reformas sociales de los últimos dos siglos, que se han llevado a cabo haciendo creer a la ciudadanía que detrás de ellas había un gran rio de pensamiento científico, elucubraciones económicas irrefutables, sólidos argumentos empíricamente asentados, verdades indiscutibles, sofisticados modelos económicos, elaboración y sesudos estudios, cuando, en realidad, los postulados en los que se han basado carecían, casi siempre, de la más mínima solidez científica y basadas en hipótesis que nunca fueron contrastadas.
La quiebra, el colapso del sistema de pensiones públicas es el falso argumento de los que defienden su privatización como la alternativa inevitable para evitar los llamados “déficits” (un término del denominado balance de situación o balance general usado en el mundo de la contabilidad), concepto que aplican a las pensiones pero no a la administración de justicia, a la construcción y mantenimiento de carreteras, a la Jefatura del Estado, a la policía o a cualquier otra institución que igualmente tendría déficits si se computaran sus ingresos y sus gastos), “déficits” que se presentan como una verdadera amenaza apocalíptica para nuestra economía en el transcurso de muy pocos años.
El discurso económico neoliberal dominante en los últimos años y el pensamiento único que no hacen otra cosa que traducir en términos ideológicos los intereses del sistema económico-financiero y del capital internacional, siempre se han basado en la falsa presunción de que no existe ninguna otra alternativa a la política económica que se propone. Pues bien, esa misma presunción es la que se aplica al caso de las pensiones, ¡tienen que privatizarse los planes públicos de pensiones!, pero choca frontalmente con notables y significativas opiniones que están en contra de estas propuestas de privatización.
Para comprobar hasta qué punto es falso que exista un consenso completo y definitivo a favor de las tesis de las entidades financieras mundiales, basta con mencionar las posiciones críticas respecto a las propuestas del propio Banco Mundial a favor de las pensiones privadas que en ocasiones han mantenido instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o el Consejo de Europa.
Las opiniones contrarias de todo un Premio Nobel como Joseph E. Stiglitz (premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Columbia y economista en jefe del Instituto Roosevelt), o las opiniones contrarias de expertos como Carmelo Mesa Lago, (economista y académico cubano exiliado en Estados Unidos), considerado el maestro de la seguridad social en América Latina, Mesa-Lago, es profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, quien asegura que “ni en los países ricos ni en los pobres privatizar las pensiones y la sanidad es la solución para garantizar mejores prestaciones”, o Adolfo Jiménez Fernández en España, e incluso algunos jefes de gobierno han manifestado claramente que el sistema privado que se pretende imponer más o menos generalizadamente manifiesta claras deficiencias. Ernest Lluch Martin (Vilassar de Mar, 1937 – Barcelona, 2000) catedrático de Historia del Pensamiento Económico, político español del PSC, Ministro de Sanidad y Consumo entre los años 1982 y 1986 y asesinado por la banda terrorista ETA cuando contaba 63 años y estaba retirado de la vida política, en el año 2000 ya decía refiriéndose a la polémica sobre las pensiones públicas que: “Aparecieron estudios que aseguraban su derrumbe, lo que ocasionaba zozobra en muchas personas frágiles solamente por su edad avanzada. Demagogia, pesimismo e intereses monetarios que causaban temor entre quienes ya no pueden reaccionar”.