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El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad en la última sesión de la legislatura una comunicación remitida por el Gobierno con la reforma de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF), que ahora deberá ser remitida a las Cortes Generales.
El documento recoge un conjunto de medidas que pretenden compensar las desventajas de Canarias por su lejanía del continente. Además, según recoge la propuesta de resolución aprobada por la Cámara, persigue que el archipiélago "tenga el REF que necesita y con el suficiente blindaje para que no sea sometido a los vaivenes políticos que ponen en cuestión algo que es permanente en la Comunidad Autónoma".
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario, Javier González Ortiz, ha destacado el consenso alcanzado durante la redacción del texto con los agentes económicos y sociales, así como el respaldo mayoritario de las instituciones y entidades más representativas de las islas.
Según el consejero, esto ha permitido traer a la Cámara una propuesta de reforma que "no ha sido diseñada de manera unilateral por el Gobierno, sino que lleva el sello de una amplia representación de la sociedad canaria, que han suscrito los aspectos fundamentales que ha de contener la vertiente económica de un REF renovado".
El diputado Román Rodríguez (NC), aún reconociendo el consenso alcanzado, advirtió que "no bastará" con una resolución unánime o no del Parlamento, sino que habrá que acumular "fuerzas suficientes" para que los poderes centrales del Estado respeten los derechos fiscales y económicos reconocidos en el REF que, dijo, han sido "claramente incumplidos".
Román Rodríguez admitió que firmaría el REF actual si se cumpliera, y advirtió que "ni el PP, ni el PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos cumplirán con lo que hoy ha aprobado la Cámara". "Sólo lo conseguiremos si tenemos un pueblo fuerte, unido y organizado", afirmó.
Manuel Marcos Pérez, del PSOE, reconoció que la propuesta de reforma de la parte económica del REF "puede ayudar al progreso y crecimiento de Canarias", pero echó en falta una reforma "más profunda".
Así, deseó que de la mano del próximo Gobierno de España llegue una revisión "más profunda" del REF que venga acompañada de su "blindaje" en el nuevo Estatuto de Autonomía, pues, insistió, es "una herramienta importante para el impulso y el desarrollo del archipiélago".
Por CC, el diputado José Miguel González --que intervino por última vez en la Cámara tras anunciar su marcha-- opinó que el REF "debe tener una protección profunda en la Constitución" y afirmó que su alteración "debe ser voluntad de los canarios, apoyada por la Administración General del Estado".
El diputado Jorge Rodríguez (PP) aceptó que la norma se ha de adaptar a la realidad económica y social actual de Canarias, pero consideró que las medidas económicas "no pueden limitarse a reclamar más fondos presupuestarios al Estado sin saber qué modelo económico se quiere para Canarias".
A su juicio, el REF "debe limitarse a fijar una serie de reglas mínimas que sirvan para que Canarias compita como una economía integrada y que no ahuyente a los inversores". Además, defendió que debe mantenerse el mismo espíritu de colaboración con el Gobierno del Estado que existió con la negociación del bloque fiscal.
Jorge Rodríguez también criticó "la tardanza y la demora" con la que el Gobierno canario ha traído este documento a la Cámara, y lamentó que el Ejecutivo espere que en "apenas 48 horas" el PP se pronuncie sobre el futuro modelo económico del archipiélago.
Desde su punto de vista, no es el REF lo que se encuentra desfasado, sino el actual modelo económico del archipiélago, cuyo problema, dijo, es la falta de confianza de los inversores por el intervencionismo y el exceso burocracia.
Por eso, abogó por consensuar una actualización del REF orientada a la consecución de un modelo económico "ambicioso y realista" que tenga en cuenta las oportunidades que se están abriendo de cara al futuro.
Tras las intervenciones, Javier González Ortiz hizo hincapié en que el blindaje de una norma como el REF requiere de "conciencia externa" por parte de quien toma las decisiones. En este sentido, apuntó que primero hace falta generar una "conciencia interna" que, afirmó, se ha conseguido a través del consenso social que tiene el documento.
PRINCIPALES MEDIDAS
Desde el punto de vista institucional, la comunicación abogó por potenciar la introducción del REF en la estructura constitucional a través de una modificación parcial del Estatuto de Autonomía, y potenciar un tratamiento específico para las islas, incorporando los principios de su reconocimiento como Región Ultraperiférica (RUP).
Entre las principales medidas que recoge la reforma económica del REF, destaca la consideración de los transportes como servicio público esencial, lo que implica actualizar las subvenciones y compensaciones, y fomentar la conectividad, especialmente con la aplicación de la quinta libertad aérea.
En el terreno de las telecomunicaciones se recoge la compensación adecuada de los sobrecostes, mientras que con respecto a la energía, se pide la moderación de los precios y el diseño de un plan energético basado en las energías renovables que fije medidas para la autogeneración y el autoconsumo.
Asimismo, se piden compensaciones sobre la gestión de los residuos y la desalinización de agua, un plan de promoción para las producciones canarias y de intercambio comercial con el África Occidental, y otro estratégico sobre turismo.
En cuanto a empleo, se propone que el Estado financie un Plan Integral de Empleo que incluya medidas de protección social para colectivos vulnerables en situación de desempleo, mientras que en la rama educativa, se solicita un programa específico de becas y movilidad, el reconocimiento de las universidades como centros de conocimiento y un Plan de Formación Profesional para trabajadores ocupados.
Para el sector primario, el nuevo REF económico aboga por potenciar el autoabastecimiento y que el Gobierno central asigne cada año, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), una cantidad suficiente para garantizar la financiación adicional del POSEI.