Más allá de las palabras huecas con las que, tanto el Gobierno de España como el
principal partido de la oposición, expresan su compromiso con Canarias en
materia migratoria, los hechos son contundentes: El Estado español tiene
abandonadas a las Islas. Es más, nos están utilizando en su juego político,
anteponiendo intereses partidarios a la búsqueda de medidas que alivien el problema
migratorio que sufren nuestras Islas.
El control de fronteras y la política migratoria es un asunto de Estado, pero España, en
relación a Canarias, no controla ni lo uno ni lo otro. Resulta indignante el peloteo que
socialistas y populares se traen entre sí, tanto en lo que se refiere a la modificación del
artículo 35 de la Ley de Extranjería como al reparto de 4.500 menores no
acompañados entre todos los territorios del Estado.
Unos y otros priorizan sus estrategias políticas a cualquier acuerdo que pueda
conducir a la modificación de la norma citada. O que, mientras tanto, como medida
transitoria, pueda llevarse a cabo, de manera inmediata, un reparto equitativo entre
todas las autonomías para aliviar la situación dramática que se vive en algunas de
nuestras Islas.
España, que blindó la llegada de cayucos y pateras por el Mediterráneo, ha dejado al
Archipiélago absolutamente desprotegido. Siendo conscientes de la complejidad que
comporta abordar el problema migratorio, sobre todo cuando se es frontera con una
zona de pobreza y dificultades políticas extremas, la solución no pasa por mirar a otro
lado. Requerimos un plan equilibrado, del que carece España, con medidas de
cooperación, control en salidas, acciones disuasorias y atención, acogida, reparto e
integración, si fuera el caso.
El Gobierno de Sánchez desactivó las patrulleras formadas por los cuerpos y fuerzas
de seguridad propios con sus homónimos de Mauritania, Senegal y Marruecos, que
operaban en aguas de estos países y ayudaban a disuadir a las mafias en origen. La
policía de fronteras de la Unión Europea también dejó de tener presencia en aguas del
Atlántico, facilitando con ello el tráfico de personas atrapadas por las redes mafiosas y
la atención, acogida, reparto e integración, cuando fuera preciso. De ahí que
concluyamos en que la colaboración del Estado con Canarias pueda ser francamente
mejorable.
Por su parte, el Gobierno de Canarias está haciendo un gran esfuerzo,
desplegando una política con nuestros vecinos africanos, que, desde la cooperación,
pueda comprometerles más con las Islas. El reciente viaje a Mauritania del presidente
de nuestro Gobierno, junto a una amplia delegación del mundo empresarial y del
conocimiento del Archipiélago, contribuirá, sin duda, a ese objetivo.
Desde un punto de vista estratégico, las acciones impulsadas por las autoridades
isleñas para incrementar la confianza con los países de nuestro entorno, además de
fortalecer las relaciones empresariales, sociales y políticas, resultan, más que
necesarias, imprescindibles. Canarias está haciendo su trabajo, aun no teniendo
competencias en materia migratoria, control de fronteras y dominio sobre las aguas
que nos separan de la costa del continente africano.
A veces da la sensación de que los partidos de Estado españoles no son capaces de
comprender la importancia estratégica que tienen las Islas. El motivo de que no nos
entiendan puede ser que molestamos poco. De ahí que se imponga, para lograr el
respeto debido, hacer un uso mayor de esa importancia estratégica como plataforma
entre Europa, África y América.
Con todo, es lamentable el peloteo entre socialistas y populares en materia migratoria,
anteponiendo sus estrategias a la toma de decisiones sobre la Ley de Extranjería y el
reparto puntual de menores para atenderles con dignidad. A la vista de este
comportamiento, aciertan quienes afirman que las autoridades españolas utilizan a las
Islas como cárceles en el Atlántico.